"No está en la agenda modificar, ni mucho menos incrementar, los copagos". Con esta frase la ministra de Sanidad
daba por zanjada la polémica tras las declaraciones en las que insinuaba una posible modificación de los tramos de los copagos que abonan los pensionistas. Lo hacía en una sesión Comisión de Sanidad el Congreso convocada
ad hoc para que explicara la postura del PP. Durante esa misma comparecencia, Ciudadanos le recordaba que el pacto de investidura recogía una modificación de los copagos, una circunstancia que defenderá en la próxima comisión a través de una
Proposición No de Ley, según el orden del día al que ha tenido acceso
Redacción Médica.
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Igea: "El copago no debe servir para redistribuir la rento sino para ser un ticket moderador"
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En el turno de
réplica a la intervención de la ministra de Sanidad, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, le aclaró que "sí tienen en su agenda modificar el copago porque está en el acuerdo de investidura, así que le ruego que se lo comunique al presidente". El diputado se refería
al punto 44 del pacto con el PP en el que se recoge que "el copago farmacéutico no sea una barrera en el acceso a los medicamentos en especial para familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia".
De hecho, el primer punto de la propuesta que defenderá Ciudadanos recoge eso mismo, si bien el resto de puntos desglosa
las reformas necesarias para llevarlo a cabo. Pide que las pensiones contributivas pasen del TSI 2 al TSI 1, es decir: que pasen de la aportación máximoa de 8 euros a estar exentas. También apunta a revisar el copago para determinadas enfermedades crónicas.
Además pide establecer topes mensuales para los pacientes del grupo TSI 3, trabajadores con renta inferior a 18.000 euros y que pagan un 40 por ciento de copago. El objetivo de estos límites sería
asegurar la adherencia terapéutica, algo que también se podría conseguir bajándoles al tramo TSI 2, con un copago del 10 por ciento.
Esta reducción de tramos también se podría
aplicar a las familias monoparentales y las familias con un dependiente a cargo. Por lo tanto, la propuesta no pretende redistribuir los tramos de los pensionistas, como sugirió la ministra, sino modificar los criterios por los que a un paciente se incluye en un determinado grupo. En declaraciones a
Redacción Médica, Igea ha explicado que no plantean modificar los tramos "porque el copago no debe servir para redistribuir la rento sino para ser un ticket moderador".
La PNL pone por escrito una de las críticas que le hizo el diputado a la ministra: que el Gobierno no ha realizado estudios para determinar si el sistema de copago actual dificulta el acceso a algunos pacientes. Por eso pide, que se realicen estudios promovidos por la Administración ya que, según Igea, "en España
hay expertos en economía de la salud suficientes para hacer estudios fiables".
El diputado de la formación naranja
se muestra optimista respecto al apoyo de otros grupos a esta proposición: "Extrañaría que votasen en contra, pero todo puede pasar". Esta última es una referencia a lo sucedido en la anterior comisión, cuando parecía que se llegaría a un acuerdo sobre la situación de la prescripción enfermera que finalmente quedó en nada.
Impacto de la crisis
El PSOE defenderá la
Proposición No de Ley que demanda un informe en el que se realice una evaluación del impacto
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El PSOE plantea medir el impacto de los recortes en sanidad, dependencia y educación sobre la salud de la población"
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de la crisis sobre la salud pública. La iniciativa critica que el Ministerio de Sanidad no ha medido el impacto de "las consecuencias de la crisis económica, el desempleo, la precarización laboral, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza infantil, y de
los recortes en sanidad, dependencia y educación sobre la salud de la población".
La otra PNL que defenderá el PSOE aborda el Día del Pueblo Gitano y el reconocimiento de sus símbolos.
Compra centralizada
El
Partido Popular ha utilizado su cupo de tres proposiciones no de ley para recuperar dos sobre sanidad que ya presentó en la anterior legislatura y una tercera sobre dependencia. La primera quiere que se
ensalce el modelo de compra centralizada y que se siga trabajando "para favorecer la participación de todas las comunidades autónomas".
La otra iniciativa sanitaria pide "seguir promoviendo el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la sanidad" para que
se culmine la implantación de la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la Historia Clínica Digital. La última pide que sea la jurisdicción social la que atienda a los conflictos surgidos de la "valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad".
La EMA, a Barcelona
Esquerra Republicana de Catalunya defenderá que
el Gobierno impulse la candidatura de Barcelona para albergar la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), actualmente en Londres, tras
la salida de Reino Unido de la UE.
El grupo catalán defiende las características de Barcelona la hacen idónea para ser sede de un organismo como la EMA: es
un punto de conexión norte-sur entre Europa y el Mediterráneo; tiene buenas conexiones marítimas, aéreas y terrestres; es un centro de investigación de universidades de prestigio; es un
hub de organismos multilaterales y la industria farmacéutica tiene gran peso en Cataluña".
Política de Estado de Alzheimer
El grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defenderá una propuesta sobre
la política de Estado de Alzheimer en la que se desarrolle un P
lan Nacional Específico sobre esta enfermedad, se elabore un registro de personas con Alzheimer y se fomente la investigación sobre la enfermedad.
Por último, el Grupo Mixto, a través del diputado del Partido Demócrata Catalán Carles Campuzano, defenderá que
el 0,7% que se recauda para fines sociales sea territorializado por comunidades autónomas.
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