Ciudadanos ha registrado este martes un
Proyecto de Ley para regular la
gestación subrogada. La propuesta plantea que el centro donde se realice la técnica de gestación subrogada sea considerado como sanitario y cumpla los requisitos sobre
técnicas de reproducción asistida. Además plantea que la mujer gestante estará "obligada a someterse" a
evaluaciones psicológicas y médicas "en todo momento" así como "dispuesta a proporcionar todo su historial médico".
La propuesta hace especial hincapié en uno de los puntos que más debate está generando en la opinión pública: el
pago a la mujer a cambio de la gestación. El artículo 5 de la norma establece que será de
"naturaleza altruista", aunque sí contempla una "compensación económica" para la mujer para cubrir los gastos, el lucro cesante por la gestación y para proporcionar las condiciones idóneas durante todo el proceso. Será el Ministerio de Sanidad el encargado de establecer los criterios de estos pagos. Sobre la ausencia de lucro, a pesar de la compensación,
Albert Rivera, líder de Ciudadanos se ha referido durante la presentación en el Congreso: "Es una Ley garantista donde la gestación subrogada es voluntaria, altruista y sin remuneración".
Para que una mujer pueda convertirse en gestante deberá
tener más de 25 años, haber dado a luz anteriormente y establece un máximo de
dos gestaciones subrogadas por cada mujer. Para ofrecerse como gestante deberá inscribirse en un
Registro Nacional, similar en funcionamiento al Registro Nacional de Donantes. Quienes quieran convertirse en
progenitores gestantes deberán acudir también a este registro, tener entre 25 y 45 años y haber agotado todas las vías de reproducción asistida previas o ser incompatibles.
Por último, la norma establece una serie de
sanciones que pretenden garantizar el "carácter altruista" de la gestación subrogada y asegurar el buen hacer de los centros sanitarios. Si se demuestra que ha existido finalidad de lucro en el proceso, más allá de las compensaciones recogidas en la ley, Ciudadanos propone
multas de entre 10.000 euros y un millón de euros. Esta misma sanción se establece para aquellos procesos que no se hagan en centros autorizados o para los centros que no cumplan los requisitos.
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