Bruselas reclama un plan europeo común ante la falta de personal sanitario

El Parlamento europeo aconseja establecer un “único Plan de Acción específicamente orientado a abordar la escasez del personal sanitario” para, así, salvar la “dispersión competencial” de las herramientas jurídicas con las que cuenta la Unión Europea al respecto. “Este plan debería integrar instrumentos de los ámbitos del empleo, los asuntos sociales, el mercado interior y la inmigración, ofreciendo así una respuesta estructurada y coordinada”, reza un documento de la Eurocámara que explora las vías legales para abordar la “crisis” de profesionales de la sanidad en el ámbito comunitario. En lo que se refiere a acreditaciones para que los especialistas extranjeros en las distintas ramas sanitarias puedan ejercer en otros países, se aboga por que la Unión proporcione “margen jurídico” a los Estados miembro para atender sus necesidades asistenciales concretas respetando “el principio de libre circulación”.

Según Bruselas, actualmente faltan 1,2 millones de profesionales sanitarios en la Unión Europea, una cifra que podría aumentar hasta los 4,1 millones en 2030. Son varias las razones que lo explican: desde el envejecimiento de las plantillas hasta el “agotamiento del personal” y “las dificultades para retenerlo” debido a sus “duras condiciones laborales”. En el informe se advierte de que esa circunstancia “pone en riesgo el acceso equitativo a la atención, la resiliencia de los sistemas sanitarios y la credibilidad de la Unión Europea de la Salud”.

Frente a ello, el Derecho de la Unión Europea “ofrece múltiples vías para adoptar medidas de apoyo, financieras y de coordinación”. Son instrumentos basados “en distintas áreas de competencia de la Unión”, y aunque “la mayoría” se encuadran “en la política social y sanitaria, “algunas se fundamentan en las disposiciones sobre inmigración del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, así como en otros ámbitos”. Las “más decisivas”, de acuerdo al documento, “derivan del Derecho del mercado interior”.

No en vano, la Cámara presidida por Roberta Metsola entiende que la “tensión central” al respecto se halla en “la relación entre las disposiciones sobre libre circulación del mercado interior y la capacidad de los Estados miembro para adoptar medidas específicas que respondan a necesidades locales”. Esa “dispersión competencial” es la que justificaría la necesidad de impulsar un Plan de Acción único para “garantizar la coherencia de la acción de la Unión” en lo relativo a “los mecanismos de seguimiento y notificación”, entre otros aspectos.

Estrategias fallidas para una homologación médica común

En lo que se refiere de forma estricta a las cualificaciones profesionales del ramo sanitario, la Eurocámara señala a su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y a la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea como “interlocutores clave” para “crear un plan de acción europeo de amplio alcance”. Lo cierto es que ya ha habido intentos por armonizar la estrategia para acreditar a especialistas extranjeros a nivel comunitario -sean del área de la sanidad o no-, pero los resultados no han sido los esperados. Al menos eso es lo que se advierte en un estudio publicado en España por el Tribunal de Cuentas.

Según ese documento, la Unión Europea ya estableció en su momento “principios, procedimientos y criterios comunes” para el reconocimiento de cualificaciones profesionales entre los ciudadanos de los Estados miembro. Y aunque ha habido intentos para implantar un proceso automático, electrónico y unificado al respecto a través de la “tarjeta profesional europea”, esas vías “no han dado los resultados esperados”, de acuerdo al Tribunal de Cuentas. En España, tal mecanismo sólo se aplica a cinco profesiones en base a la normativa nacional, y tres son sanitarias: Enfermería, Fisioterapia y Farmacia.

"Margen jurídico" para adaptar la necesidad de personal sanitario

Para paliar esa situación y “garantizar que la legislación del mercado interior tenga en cuenta las especificidades del sector sanitario”, Bruselas considera “importante” que la Unión Europea proporcione a los Estados miembro “el margen jurídico necesario para responder a las necesidades locales de personal”, lo cual “implicaría ayudarles a introducir excepciones de salud pública en la normativa del mercado interior cuando sea necesario”: “La solución no pasa por abandonar el principio de libre circulación, sino por introducir excepciones claramente delimitadas en la normativa del mercado interior que permitan a los Estados miembro adoptar disposiciones proporcionadas y basadas en pruebas, adaptadas a los retos locales o regionales en materia de personal”.

Ello exigiría que la Unión Europea “trabajara estrechamente” con los socios comunitarios para desarrollar lo que en el documento de la Eurocámara se denomina “justificaciones relacionadas con la fuerza laboral”. El objetivo sería “conciliar la integridad del mercado interior con la necesidad urgente de garantizar un número suficiente de profesionales sanitarios en todas las regiones”. “En este sentido, resulta aconsejable implicar a los responsables políticos de la Unión Europea en el ámbito del mercado interior en el abordaje de la escasez de personal”, reza el informe.

Bruselas advierte de que los propios Estados miembro “deben reflexionar sobre los ámbitos en los que pueden encontrar puntos de convergencia, ya sea dentro del Derecho del mercado interior o mediante el uso de medidas basadas en incentivos y en la cooperación”. “Combinando actuaciones nacionales específicas con marcos europeos coordinados, la Unión y sus Estados miembro pueden afrontar conjuntamente los retos estructurales de la crisis de personal sanitario, preservando tanto la libre circulación de los profesionales como la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales”, se concluye en el documento.