Bildu agota en el Senado su última bala para gravar los seguros sanitarios

A pesar de que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó en noviembre, casi por los pelos, el proyecto de ley de reforma fiscal del Gobierno incluyendo nuevos tributos sobre líquidos de cigarrillos electrónicos, la norma aún tiene que pasar el filtro del Senado para entrar en vigor, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El acuerdo inicial entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Sumar, contemplaba imponer a los seguros sanitarios privados el gravamen del que hoy, por ley, está exento, pero ese pacto embrionario se quedó en agua de borrajas. Sin embargo, uno de los dos partidos que presentaron una enmienda al respecto, Bildu, agotará su última bala en la Cámara Alta para intentar que la medida se acabe incorporando al texto normativo.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que tanto esa enmienda como la registrada inicialmente por Sumar para eliminar la exención del Impuesto sobre Primas de Seguros de los seguros médicos no sólo fueron rechazadas en el pleno del Congreso, sino que también se habían quedado previamente fuera del dictamen de la Comisión de Hacienda, las pretensiones de Bildu tienen muy pocas posibilidades de llegar a buen puerto. Durante el debate en el hemiciclo de la reforma fiscal -que partía de la necesidad de transponer una Directiva europea para establecer un tipo mínimo global del 15 por ciento a las multinacionales-, fueron sobre todo los grupos más conservadores -PP, Vox y Junts- los que se posicionaron ampliamente en contra de gravar los seguros sanitarios.

Veto de Vox a la reforma fiscal

Al margen de ello, el Senado debatirá si acepta o no la propuesta de veto al proyecto de ley registrada por Vox, que, en caso de salir adelante, obligará a devolver el texto al Congreso para que los diputados decidan si confirman o no el veto, cosa que, si se mantuviera el sentido de los votos emitidos en noviembre, no ocurriría. Vox justifica su veto argumentando, entre otras cosas, que los nuevos impuestos para cigarrillos electrónicos recogidos en el proyecto normativo son “una nueva medida dirigida contra los españoles, basada en la determinación de no dejar ningún ámbito libre del aumento en la tributación, con el objetivo de maximizar la recaudación fiscal”.

Enmienda para retrasar gravámenes de cigarrillos electrónicos

Cabe recordar que en el proyecto de ley se establece que los cambios en los impuestos sobre líquidos que, contengan o no nicotina, se usan en cigarrillos electrónicos o dispositivos vaporizadores similares para recargarlos, entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. Al respecto, el pleno del Senado también decidirá si acepta o no una enmienda del Grupo Plural, en el que se integra Junts, para retrasar al 1 de julio de 2025 la aplicación de los gravámenes de líquidos que ya estén almacenados en comercios minoristas y en fábricas, o que estén en distribución.

“No parece oportuno hacer entrar en vigor a día 1 de enero de 2025 un impuesto no sometido a consulta pública previa que impacta directamente en las operaciones comerciales en el territorio nacional de cuantas empresas se hayan presentes en el mercado que a día de hoy no tienen las condiciones apropiadas ni los ajustes técnicos necesarios en sus operaciones para hacer efectivo el impuesto”, arguyen los senadores Joan Baptista Bagué y Eduardo Pujol.

En este sentido, en Junts consideran “pertinente” que se ajuste la entrada en vigor del impuesto “a una fecha posterior razonable para permitir a los operadores adaptar sus operaciones a las condiciones que reglamentariamente se establezcan”. Además, ven “necesario” que los productos ya almacenados, adquiridos bajo el régimen actual y sometidos al gravamen aún vigente, no se vean regulados inmediatamente por los nuevos tipos impositivos: “La modificación que persigue este proyecto de ley supondría un gravamen abusivo sobre los productos actualmente almacenados”, aseguran.

“Actualmente existen pequeñas y medianas empresas con producto almacenado para su comercialización por valores superiores a 300.000 euros que deberían pagar en régimen impositivo más de 1.500.000 euros en concepto de tributos por las características del producto. Es razonable, por tanto, que solamente los nuevos productos comercializados a partir de la entrada en vigor del impuesto sean sometidos al nuevo tipo impositivo”, sentencian.