Batet: "Debemos plasmar en un Pacto por la Sanidad la protección del SNS"

Meritxell Batet fue la presidenta de un Congreso de los Diputados en pandemia y lo sigue siendo cuando el primer Gobierno de coalición de la democracia española apunta a su final de legislatura. Cuatro años presidiendo la Cámara Baja, donde se desarrolla una importante labor parlamentaria también en sanidad, sector que ha cobrado en los últimos tiempos más importancia si cabe por la brutal experiencia de la crisis sanitaria que estalló en marzo de 2020 con el Covid-19. 

Un periplo político, sanitario y vital que la política socialista analiza en esta entrevista con Redacción Médica, donde apunta a un compromiso para antes de 2024: un Pacto por la Sanidad que asegure un sistema sanitario de calidad más allá de la política.

Usted vive como presidenta del Congreso de primera mano cómo la Cámara Baja aborda cuestiones clave para nuestro sistema sanitario, ¿cómo se trabaja para discutir políticamente la sanidad sin politizarla?

La protección de la salud es un derecho constitucional que se configura como un pilar básico del Estado del Bienestar. La política sanitaria debería ser, por tanto, a mi modo de ver, una política de Estado: la defensa de una sanidad pública, de cobertura universal y de calidad, que garantice el acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía tendría que ser materia de acuerdo y consenso entre todas las fuerzas políticas. Luego, cada una de ellas debe defender sus prioridades políticas en sanidad, pero partiendo de una base compartida por todos.

Si esto ya era necesario antes de 2020, la pandemia nos ha mostrado la importancia de contar con sistemas de salud robustos y la necesidad de ser capaces de desarrollar políticas comunes y dinámicas de colaboración para hacer frente a desafíos globales.

En otro orden de cosas, me parece relevante mencionar también la idea de que, a la hora de diseñar las políticas públicas -especialmente en cuestiones como la sanidad-, contar con la evidencia científica para conocer la realidad es fundamental si queremos que esas políticas sean eficaces, cumplan los objetivos y ofrezcan las soluciones que buscamos. Para ello, el Congreso de los Diputados cuenta, desde esta legislatura, con un instrumento muy valioso para desarrollar sus funciones tomando en consideración el conocimiento científico disponible: la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso, que nos proporciona una base científica para que nuestras propuestas políticas estén mejor informadas. La ciencia no nos prescribe qué políticas debemos adoptar, pero sí nos dice cuál es la realidad a la que deben responder esas políticas.

Lleva presidiendo el Congreso de los Diputados desde mayo de 2019, ¿cuál considera el momento más relevante para la sanidad española que se haya producido en la Cámara en todo este tiempo?

Iniciamos la legislatura haciendo frente a la mayor crisis sanitaria que hemos conocido a nivel mundial, lo que supuso un reto sin precedentes para las instituciones y para las distintas administraciones, también para el Congreso, que mantuvo en todo momento sus funciones esenciales de legislación, de control del Gobierno y de deliberación. Se debatieron y se votaron las medidas para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias; se celebraron numerosas comparecencias del presidente y el resto de miembros del Gobierno para dar cuenta de la situación y de las decisiones adoptadas… todo ello, sin descuidar las exigencias sanitarias y de salud pública.

La gestión de la crisis del Covid-19 puso de manifiesto alguno de los retos fundamentales a los que el parlamentarismo y la democracia nos enfrentamos en los últimos tiempos. Mientras en algunos países las diversas fuerzas políticas fueron capaces de alcanzar grandes acuerdos ante un desafío común y enorme, en otros se impuso la dinámica de polarización y enfrentamiento y la crisis se convirtió en un argumento más de erosión gubernamental y deslegitimación institucional.

"La ciencia no nos prescribe qué políticas debemos adoptar, pero sí nos dice cuál es la realidad a la que deben responder esas políticas"

En España hubo un poco de todo, pero prefiero quedarme con lo positivo. La Comisión para la recuperación social y económica que se puso en marcha en el Congreso con la voluntad de aunar esfuerzos y buscar el mayor acuerdo posible para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia, la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o la actuación coordinada en la Unión Europea en la estrategia común de vacunación nos dejan una enseñanza muy valiosa sobre la necesidad del trabajo conjunto, constructivo y acordado para poder avanzar hacia el futuro que no deberíamos olvidar.

En el Congreso hay profesionales sanitarios que a su vez son diputados y diputadas. En su experiencia, ¿qué matices aporta esta circunstancia a la vida parlamentaria sanitaria y política en general?

La formación y la experiencia adquirida en la vida profesional siempre aporta un bagaje importante, un conocimiento y una especialización que, sin duda, resulta especialmente útil y relevante a la hora de diseñar y poner en marcha las políticas públicas. Más allá de eso, para mí, lo fundamental en un buen político es el compromiso con el bien general, con el interés común.

"Los profesionales sanitarios merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, pero también que se valore su trabajo y se mejoren sus condiciones laborales"

Estamos mirando al último año de legislatura, ¿qué decisión de ámbito sanitario le gustaría que tomara el Congreso antes de 2024?

Como le decía antes, una de las grandes enseñanzas que hemos podido extraer de la pandemia es la importancia de fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud y llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para superar sus actuales deficiencias y encarar los retos del futuro: garantizar su financiación, reforzar los mecanismos de salud pública y de atención primaria, desarrollar estrategias frente a los problemas de salud más acuciantes de nuestra sociedad, como la salud mental, mantener la excelencia de los profesionales sanitarios y mejorar sus condiciones laborales, potenciar la investigación…, en definitiva, apostar por una sanidad pública moderna, digna y con recursos.

Esto exige la implicación de todas las fuerzas políticas, plasmar en un Pacto de Estado por la Sanidad, similar al Pacto de Toledo de las pensiones, el compromiso de mantener y proteger el sistema, garantizar su sostenibilidad. Porque la sanidad pública es el buque insignia de nuestro Estado de Bienestar, uno de los grandes éxitos de la democracia y de nuestro Estado social y un orgullo como país. Es nuestro deber protegerla, reforzarla e invertir en ella, prepararla para afrontar las nuevas realidades y los retos presentes y futuros en las mejores condiciones posibles.

Usted ha sido también ministra de Función Pública, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y el papel esencial del trabajador público, clave en el sector sanitario. ¿Qué ha trasladado de aquella experiencia a su labor en el Congreso?

Los empleados y empleadas públicos son el activo más importante con que cuentan nuestras administraciones y considero, sinceramente, que han sido un pilar indispensable para la construcción del Estado democrático que hoy disfrutamos. Por tanto, es de justicia poner en valor su entrega y su implicación en el servicio público y comprometerse con la mejora de sus derechos y condiciones laborales si queremos que la Administración cuente con los mejores profesionales.

Esto es especialmente importante en el caso de los profesionales sanitarios. Siempre, pero especialmente durante la pandemia, nuestro personal sanitario ha desempeñado un papel fundamental. Gracias a su profesionalidad y compromiso hemos podido afrontar este gran desafío. Merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, pero también que se valore su trabajo y se mejoren sus condiciones laborales; creo que es algo esencial si aspiramos a tener un sistema sanitario público de calidad.