La tramitación de la ley de ayudas a profesionales en situación de
incapacidad por enfermedad grave seguirá su curso tras recibir este miércoles el aval del pleno del Senado, aunque el apoyo a la proposición de Ciudadanos no ha sido homogéneo. La principal oposición a la norma, que ampara también a sanitarios dependientes de las administraciones públicas, ha procedido del PSOE, que ha defendido que las medidas de protección social propuestas por la formación naranja pueden aplicarse
“sin introducir modificaciones en la legislación actual”.
La proposición de ley de Ciudadanos para
proteger a trabajadores con enfermedades graves o carcinomas establece, entre otras novedades, el derecho a la reducción de jornada de los empleados “
con disminución proporcional del salario durante un año” desde su incorporación al puesto tras recibir el
alta médica, así como a trabajar de forma telemática siempre y cuando sea posible o a ocupar un cargo diferente dentro del mismo grupo profesional.
Asimismo, establece que el Gobierno impulsará, “en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley”, los cambios reglamentarios necesarios para “tramitar con carácter preferente las solicitudes del
Ingreso Mínimo Vital de aquellas personas que sufran una enfermedad grave e incurable”.
Finalmente, en su disposición adicional cuarta recoge la necesidad de actualizar la
guía de valoración de incapacidad temporal para médicos de atención primaria, de forma que se elabore en un plazo de seis meses un informe de valoración psicológica” para odas las neoplasias en el proceso de valoración de la incapacidad.
Determinar qué enfermedades son graves
La propuesta ha recibido la aprobación de 125 senadores frente a los 114 que han votado en contra, la mayoría representantes de un grupo socialista que ha apelado a la “dificultad de determinar cuáles son las enfermedades graves” para dar de forma automática el derecho a la reducción de jornada y al trabajo a distancia tras una alta médica. “De establecerse un listado, podría incurrirse en una discriminación en base a criterios objetivos”, ha señalado
Alfonso Muñoz (PSOE).
En esta línea, ha defendido a modo de ejemplo que la amputación de una pierna “no puede ser” motivo de una incapacidad laboral permanente para un senador, “pero sí para una bailarina”. “Las entidades gestoras deben tener en cuenta las posibilidades terapéuticas, la evolución, el tratamiento y las secuelas derivadas del mismo en aquellas personas
susceptibles de incapacidad permanente”, ha puntualizado.
En cualquier caso, ha subrayado que, “desde el punto de vista legislativo, social y laboral”, la mayoría de las medidas propuestas pueden tener amparo sin necesidad de retocar el
Estatuto Básico del Empleado Público y la normativa vigente.
Tampoco ha contado la propuesta con el aval del PNV, que se ha abstenido a pesar de posicionarse a favor de avanzar en medidas de apoyo a este tipo de pacientes. Al respecto, la nacionalista
Nerea Ahedo ha defendido que la propuesta “tiene mucho margen de mejora”. “Hay cuestiones que ya están contempladas en la legislación vigente. Probablemente se pueda mejorar, pero ya están reconocidas.
La dirigente del PNV ha incidido en que el proyecto de ley “
no concreta el concepto de enfermedad grave” e incluye “conceptos diferentes” al referirse a enfermedades graves e incurables. “Lo que han hecho es un batiburrillo, una mezcla que es difícil de entender”, ha zanjado.
"Toxicidad financiera" para afrontar el cáncer
El respaldo mayoritario a la norma ha procedido del grupo popular, cuyo senador
Bienvenido de Arriba la ha catalogado de “avance y
mejora del Estado del bienestar”. En este sentido, el mandatario popular ha subrayado que en España uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres serán diagnosticadas de cáncer a lo largo de su vida, lo que obliga a abordar la enfermedad “desde el punto de vista laboral, económico y social”.
No obstante, ha asumido la necesidad de “mejorar”, durante la tramitación parlamentaria, algunos de los conceptos de la propuesta, como la
sustitución del término carcinoma por el de neoplasias malignas o la adaptación de los apartados sobre el trabajo a distancia.
Por su parte, el mandatario de Vox
José Manuel Marín ha afirmado que el impacto económico del cáncer “es un problema de gran complejidad que afecta de forma relevante a las condiciones y la calidad de muchas personas”, especialmente en el caso de los trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena con bajos ingresos (inferiores al salario mínimo interprofesional) y los desempleados.
El senador de Vox se ha referido a la
“toxicidad financiera”, término creado por la oncología moderna para hacer alusión a la gravedad de este problema, para denunciar “las
dificultades que puede encontrarse una persona para afrontar el cáncer no por motivos médicos, sino económicos”.
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