El
Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la
ley del aborto. Después de un proceso parlamentario de doble vuelta, marcado por la sucesiva incorporación de enmiendas, el Gobierno ha logrado una holgada mayoría en la Cámara Baja para sacar adelante su reforma. Entre las grandes novedades del articulado, figura la obligación de los
centros de la sanidad pública de garantizar estas intervenciones, así como el establecimiento de un
registro estatal de médicos objetores para poder coordinar a los recursos humanos.
El debate se ha saldado con un resultado de 185 votos a favor y 155 en contra. La iniciativa presentada por el Ministerio de Igualdad ha contado con el apoyo de los socios habituales de la investidura Mientras que los rechazos han estado marcados por las negativas del
Partido Popular y de Vox que se han mantenido en el ‘no’.
La nueva
Ley de Salud Sexual, Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo obligará a los servicios de salud a garantizar los abortos como mínimo en los
hospitales de las capitales de provincia, recuperará el derecho sin consentimiento para las mujeres a partir de los
16 años, eliminará el periodo de
tres días de reflexión y acabará con la obligación de entregar información alternativa a las pacientes.
Paralelamente, el texto también ha incorporado medidas dirigidas a garantizar la
baja médica por regla incapacitante, a distribuir de manera gratuita los anticonceptivos o a desplegar la formación en salud sexual y reproductiva en los centros educativos.
“La ley reconoce que la
red sanitaria pública es la red de referencia para que las mujeres podamos interrumpir de forma voluntaria nuestro embarazo y que el derecho a
la objeción de conciencia del personal sanitario debe ser plenamente compatible con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en el centro hospitalario sanitario más cercano a su domicilio”, ha explicado la ministra de Igualdad,
Irene Montero, durante su intervención en la cámara.
El papel de las CCAA en la ley del aborto
La diputada de
Unidas Podemos ha advertido, en todo caso, que tras la aprobación de la norma habrá que hacer frente a la “resistencia” de algunos estamentos a su aplicación y ha hecho un llamameinto a las comunidades autónomas para que la apliquen en el marco de sus competencias.
“Se tiene que hacer efectivo que en todos los hospitales públicos de este país que haya personal suficiente para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, respetando, por supuesto, el derecho a la objeción de conciencia de todo el personal sanitario que decida objetar”, ha apuntado.
El debate parlamentario ha estado marcado por el choque de opiniones con la
bancada popular que finalmente se ha mantenido en el ‘no’ a la nueva ley. Entre las principales críticas del grupo, se encuentra las reticencias al fin del periodo de reflexión, la eliminación de información sobre alternativas al aborto en la sanidad o la creación del registro estatal de objetores.
“Nuestra posición es la misma, el rechazo a este proyecto de ley por inoportuno, innecesario, infantilizador, incongruente e improcedente”, ha apuntado la diputada
Marta González.
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