La entrevista de
Pablo Motos a
Santiago Abascal comenzó con el líder de Vox entregando un
blíster de antiinflamatorios al entrevistador para que se protegiera de las críticas que fuera a recibir por invitarle al Hormiguero.
Durante su intervención, Abascal hizo varias alusiones a los profesionales del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y a los puntos en materia sanitaria que el partido lleva en su programa.
Preguntado sobre su posición sobre
el aborto y la ley de plazos, Abascal afirmó que el partido está en "contra de que se haya convertido en una
práctica eugenésica y anticonceptiva". El Estado, con el dinero público, defendió, "debe centrar sus esfuerzos a que la vida llegue a término y
ayudar a las mujeres que tienen un embarazo en una situación dificultosa desde el punto de vista económico. No se debe acabar con la vida que se lleva dentro", aseveró Abascal, que aunque se resistió a calificarlo como "asesinato", sí que afirmó que se trata de "
acabar con una vida humana por voluntad propia".
Ante la pregunta de si ilegalizaría el aborto o tomaría represalias con las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo, Abascal defendió que
eliminaría la ley de plazos.
Cuando Motos le pregunta si debería ir alguien a la cárcel por abortar, Abascal defiende que
"si el aborto no fuese ilegal y mandásemos nosotros, los médicos que practicasen abortos ilegales deberían pagarlo y no habría dinero público para financiarlos".
Duras palabras contra la eutanasia
Sobre la eutanasia, Abascal defendió: "Nos ponen el ejemplo de Ramón Sampedro, un hombre adulto y en plenas facultades mentales y que quiere terminar con su vida. Nos preocupa en qué acaba, y es en el niño Alfie Evans que muere contra la voluntad de sus padres porque el Estado obliga a dejar morir a ese niño porque
algunos médicos dicen que no tiene solución".
Repreguntado por Motos, que hizo alusión a la agonía de estas personas, defendió que "
no hay que terminar con la vida humana" y que "hay modos de facilitar que ese momento final sea menos doloroso pero creo que el Estado no debe tener la potestar para acabar con la vida a nadie o facilitarlo".
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