El Gobierno mantiene su intención de alcanzar una
tasa de temporalidad inferior al 8 por ciento en la administración pública, con especial hincapié en el ámbito de la salud y la educación. Se trata de un “compromiso”, ha manifestado este jueves
Miquel Iceta, que será abordado “antes de verano” con las comunidades autónomas y sindicatos. El objetivo es que en un
plazo máximo de tres años las autonomías cubran de forma obligatoria las plazas ocupadas por sanitarios sin contrato fijo.
“Reformaremos el
Estatuto Básico del Empleado Público (Ebep) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo”, ha adelantado Iceta ante la Comisión de Función Pública del Senado. El ministro ha afirmado que la meta es “desarrollar medidas para
prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima”.
30% de temporalidad en CCAA
Iceta ha apuntado que la temporalidad ronda el 8 por ciento en la Administración General del Estado (AGE), tasa que alcanza e incluso
supera el 30 por ciento en las autonomías. Esta se concentra especialmente en la salud y en la educación.
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Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo y que
le hace difícil que se plantee su futuro", ha defendido.
Por ello, ha reiterado que “a la mayor brevedad posible” se va a realizar un nuevo proceso y que espera que sea el último que se promueve para dar carácter fijo al personal interino.
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