¿Quién ha hecho más propuestas sanitarias en el Congreso este 2017?

El año que dejamos ha estado marcado por la recuperación de la actividad parlamentaria en Sanidad después del ejercicio perdido de 2016 por la falta de Gobierno. Los grupos se han volcado en la presentación y defensa de iniciativas en la Comisión de Sanidad que han ido desde la crítica a los copagos y la persecución de las pseudociencias hasta el acuerdo para crear nuevas especialidades médicas.

En un análisis cuantitativo de la actividad de los grupos, quien sale ganando es el PSOE ya que ha presentado 30 Proposiciones No de Ley con carácter sanitario (se incluyen en la medida también las relacionadas con dependencia, pero no las de consumo o cuestiones sociales no sanitarias). De las presentadas por el PSOE, se han aprobado cinco y ninguna ha sido rechazada. Esto es así porque las 25 restantes no han llegado a debatirse y están a la espera de incluirse en alguna sesión de 2018.

En número de propuestas, le sigue Ciudadanos con 26 propuestas sanitarias presentadas, de las que se han debatido cinco. Cuatro se han aprobado, mientras que una ha sido rechazada. De las que sí han pasado el filtro de la comisión, una de ellas era la relativa a mejorar el sistema de copagos que se tuvo que votar por puntos y del que únicamente salió adelante el punto que decía que "los copagos no podían ser una barrera de acceso a medicamentos", los nueve puntos restantes fueron rechazados con los votos en contra del PP y el PSOE en una surrealista sesión.

Uno de los temas que ha marcado el año dentro y fuera del Congreso ha sido la persecución de las pseudociencias. A los movimientos iniciados por los médicos para crear un Observatorio Contra las Pseudociencias se ha sumado la insistencia de Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos, tanto en forma de preguntas escritas y orales como en la presentación de una propuesta para que el médico tenga un formulario para denunciarlas. Esta iniciativa fue rechazada con los únicos votos a favor de Ciudadanos en una sesión en la que el PP presentó una propuesta alternativa que sí salió adelante.

Baremo Sanitario y cartera de servicios

El Partido Popular ha presentado 18 propuestas de las que han salido aprobadas ocho. Una de ellas ha sido la de instar al Gobierno a desarrollar la especialidad de Psiquatría del Niño y el Adolescente. Se trata de un movimiento del PP para tratar de implantar nuevas especialidades médicas sin tener que incluirlas en la troncalidad, toda vez que el Real Decreto fue anulado por el Tribunal Supremo por incorrecciones en la memoria económica. El PSOE también se ha sumado a esta batalla con la defensa de la especialidad de Infecciosas. Ambas propuestas fueron apoyadas por la Comisión de Sanidad en la última sesión del año. 

Los debates más relevantes que se han producido en el Pleno del Congreso de los Diputados: muerte digna y eutanasia

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado 11 iniciativas sanitarias de las que ha defendido cuatro. Tres de ellas han sido aprobadas y una, rechazada. Esta última corresponde al impulso que quiso darle Amparo Botejara, portavoz adjunta del grupo, a la Atención Primaria para situarla como eje del sistema. La propuesta fue rechazada al ser considerada hueca y poco argumentada.

Por el contrario, esta misma diputada logró que se aprobara una revisión de la cartera de servicios para tratar de reducir el impacto del Real Decreto 16/2012. Una iniciativa que se ha convertido en un Proyecto de Ley presentado en diciembre con el que se permite burlar el veto del Gobierno a introducir medidas que reviertan esta norma.

Entre los grupos pequeños de la Comisión de Sanidad destaca el trabajo de Compromís que, integrado en el Grupo Mixto, ha presentado tres iniciativas y ha defendido una propuesta para crear un registro de no donantes de órganos con el que agilizar la gestión de la donación. Una iniciativa que fue rechaza al considerar los grupos que el sistema español de trasplantes es una referencia y funciona suficientemente bien como para cambiarlo.

Debates en el Pleno

Los debates sanitarios más relevantes que se ha producido en el Pleno del Congreso de los Diputados han sido los de la muerte digna y la eutanasia. Esta última, una propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, fue rechazado a trámite por la cámara al considerar varios grupos que primero había que legislar la muerte digna y después enfrentarse a la eutanasia.

Fue muy criticada la posición del PSOE por la portavoz de Sanidad del grupo y diputada de En Comú Podem, Marta Sibina, que consideraba que "se querían colgar ellos la medalla". Los socialistas incluyeron el trabajar para conseguir una ley de eutanasia en el 39 Congreso que marcó las prioridades para la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido.

Ante el rechazo del Pleno, la formación morada trató de incluir la eutanasia en el debate de la ley de muerte digna que defendió Ciudadanos una semana más tarde y que logró el apoyo mayoritario de la cámara para su tramitación. El portavoz sanitario de la formación naranja, Francisco Igea, argumento su rechazo en que no se pueden tramitar ambas leyes simultáneamente al tratarse de realidades diferentes.

También se han defendido dos mociones durante el Pleno que han salido rechazadas. La primera fue la defendida por el portavoz de Sanidad socialista, Jesús María Fernández, para que el Congreso apoyara las acciones de Carmen Montón al frente de la Consejería de Salud y Sanidad Universal de cara a revertir las privatizaciones. La otra, que también tumbó la cámara, fue la propuesta de Ciudadanos para un acceso igualitario a los servicios sanitarios en todas las comunidades autónomas.

En el lado del control al Gobierno, el ejercicio ha estado marcado por la polémica de los copagos, los problemas de financiación y, en estos últimos meses, sobre las acciones del Gobierno para traer la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a España. Una de las últimas apariciones sanitarias de la ministra de Sanidad, que se ha volcado en la campaña catalana. Una campaña que ha modificado también la acción de los grupos en el Congreso y que retrasa hasta 2018 el debate de nuevas iniciativas.