El
grupo parlamentario Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea quiere llevar a cabo una
modificación legislativa que regule la relación entre los
profesionales sanitarios y la
industria. Así lo han puesto de manifiesto en sus dos p
roposiciones no de ley presentadas esta semana en el
Congreso de los Diputados.
La propuesta de
Podemos llega después de que el gobierno de
Mariano Rajoy modificara a finales de 2017 el
artículo 44 del Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas en el que se especifica que la
formación médica queda libre de tributación. La aparición, meses antes, de un informe de la
Agencia Tributaria que consideraba la asistencia a congresos como retribuciones en especie y fijaba la obligatoriedad de declarar su valor, obligó al
Ejecutivo popular a modificar este reglamento.
Ahora, las iniciativas
propuestas por Podemos para su debate en la
Comisión de Hacienda y de
Sanidad, respectivamente, pretenden “regular” la
relación entre los sanitarios y la industria farmacéutica tanto en su ejercicio de la profesión como en su formación. A este respecto, Podemos quiere que los ingresos que tengan los
médicos, enfermeros y otras profesiones "dependientes de la sanidad pública", provenientes de la industria farmacéutica,
tributen como renta del trabajo y que toda la
formación profesional, congresos, premios o becas que reciban por parte de la industria se dé a conocer en un
registro público.
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El grupo parlamentario quere modificar tres reglamentos para que tribute como renta del trabajo
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En lo relativo a la parte legal para que se tributen estas
transferencias de valor, Podemos quiere que se modifiquen el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 6342015, de 10 de julio, y
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre. Estos tres reglamentos fueron modificados, por última vez, por el
Gobierno de Mariano Rajoy a través del Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre.
Pero, además de dicha tributación, Podemos considera que es positivo para la información pública que s
e conozca la procedencia de dichos ingresos y va a instar al Gobierno (en esta ocasión desde la
Comisión de Sanidad) a que solicite a los facultativos que publiquen “los
ingresos recibidos por cualquier persona, física o jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios”.
En su petición a
l Ejecutivo de Pedro Sánchez, el grupo parlamentario morado solicita que
se redacte y “apruebe” una normativa que, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios “determine que se hagan públicas las ofertas de premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, viajes de estudio y actos similares por cualquier persona, física o jurídica, r
elacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, cuando sus destinatarios sean profesionales sanitarios o las entidades en que se asocian”.
Por último, solicitan a sus socios en el Gobierno que lleven al
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) una estrategia de formación continuada para los profesionales sanitarios que “objetive” la información impartida por la
Industria Farmacéutica.
Antecedentes: posturas del PSOE, PP y Cuidadanos
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La Agencia Tributaria en 2017 dictaminó que se deben tributar las transferencias de valor
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Hay que recordar que aunque la
proposición de Podemos se acaba de registrar en el Congreso de los Diputados, los diferentes grupos políticos han puesto sobre la mesa esta nueva tributación. De hecho, durante
el mes de mayo de 2017, la Agencia Tributaria (cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno) aseguró que los profesionales sanitarios tienen que tributar y pagar los correspondientes impuestos por las
transferencias de valor. Una medida que,
aunque salió del organismo estatal, no se llegó a ejecutar. Incluso, los médicos llegaron
a anunciar
varias movilizaciones si se ejecutaba este cambio.
Por otro lado, este mismo mes de octubre,
el partido en el Gobierno, el PSOE, planteaba dar un paso más en la transparencia sobre los conflictos de interés de los profesionales médicos. Según pudo saber
Redacción Médica, el partido de Gobierno baraja una serie de medidas "pendientes de desarrollar", entre las que se contempla que sean los
propios facultativos quienes publiquen estos datos. Por último, para
Ciudadanos, “la responsabilidad de transparencia es compartida por la industria y el médico,
aunque la accesibilidad a esos datos debería ser mayor”. En esta línea, inciden en que “si alguien incumple la transparencia, debe ser sancionado”.
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