El Congreso de los Diputados ha cerrado la puerta a fijar las
subidas salariales en la sanidad y el resto de sectores de funcionarios públicos a la
inflación de cada comunidad autónoma. La propuesta presentada por el grupo de
Esquerra Republicana para utilizar como indicador el IPC de los diferentes territorios no ha conseguido los apoyos suficientes debido al rechazo de sus principales socios parlamentarios. Tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos han dado la espalda a esta iniciativa y han fiado la actualización de los sueldos a la
negociación colectiva con los sindicatos.
La Proposición No de Ley presentada por el grupo republicano únicamente ha recibido
25 apoyos en el pleno de la Cámara Baja, frente a
265 votos en contra y 53 abstenciones, que han impedido que pueda salir a la luz. La iniciativa perseguía que el incremento de los sueldos públicos tuviera en cuenta
las diferencias territoriales en el coste de la vida para compensar que comunidades como Castilla-La Mancha hayan protagonizado un alza de los precios del12,5 por ciento en el último mes, mientras que en Madrid ha sido del 9,3 por ciento.
Para poder financiar esta actualización, ERC había propuesto incorporar un nuevo fondo a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) que permitiera repartir la financiación a cada comunidad autónoma para mejorar los salarios de los funcionarios. “ Proponemos aumentar los salarios según el IPC, tanto en el sector privado como en el público”, ha expuesto en el debate el diputado
Jordi Salvador i Duch.
El Gobierno se aferra a la negociación sindical
Sin embargo, la propuesta ha chocado de frente con las aspiraciones de los grupos que encabezan el Gobierno que actualmente está inmerso en una
negociación sindical en el seno de la Mesa de Función Pública precisamente para establecer cuánto y cómo deberían mejorar los sueldos públicos durante los próximos tres años. Tanto PSOE como Unidas Podemos habían presentado sus propias enmiendas para tratar de cambiar la propuesta. Pero como ninguna de las dos ha sido aceptada, han terminado por no respaldar la iniciativa.
“Son conscientes de que lo que piden hoy no se puede llevar a cabo tal y como lo plantean. La negociación colectiva es el espacio natural donde organizaciones sindicales y empresariales acuerdan las condiciones del trabajo”, ha contestado la diputada socialista
Mará Inmaculada Oria, quien ha tildado la propuesta como “oportunista y demagógica”.
Tampoco ha dado su brazo a torcer Unidas Podemos que ha fiado el futuro de la evolución en los salarios a acciones del Ejecutivo como la subida del Salario Mínimo Interprofesional. “E
ste Gobierno va a impulsar el diálogo social para reconocer un incremento de salarios y va a asegurar que no pierdan poder adquisitivo al final del ciclo”, ha asegurado
Marisa Saavedra.
También se han decantado por el ‘no’ los principales partidos de la oposición que han aprovechado su turno de debate para cuestionar la acción del Gobierno en materia de empleo, más allá de la iniciativa de Esquerra Republicana. Desde el
Partido Popular han propuesto su propio plan de medidas con una
deflactación de la tarifa del IRPF, un impuesto negativo para las personas desprotegidas o la bajada del IVA en productos básicos del 10 al 4 por ciento.
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