La
política farmacéutica y sus modificaciones durante estos meses de gobierno en funciones han llegado al
Senado para 'rendir' cuentas. El
grupo parlamentario popular en la Cámara Alta ha registrado una veintena de preguntas parlamentarias relativas a varios aspectos sanitarios entre los que destacan dos pilares ‘fundamentales’ para el sector: los cambios en el organigrama de la
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) y la paralización del
Real Decreto de Financiación y Precios de Medicamentos.
Tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Senado durante esta XIV legislatura, el diputado
Rubén Moreno ha inscrito tres preguntas relativas al CIMP. Una de ellas cuestiona sobre si consideran que el modelo está siendo
eficiente, otra sobre si los
pacientes deben estar en el órgano y una última sobre si el hecho de que todas las
CCAA estén de observadoras en la CIPM le da más “confianza a las partes”.
Hay que recordar que, desde el pasado mes de julio, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tiene una
nueva estructura que da cabida a las 17 comunidades autónomas, aunque solo tres de ellas cuentan con voto. Fueron muchas las voces que, a raíz de esta decisión de 'autonomizar' la comisión, se mostraron en
desacuerdo.
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Desde la industria farmacéutica se han mostrado reacios a la nueva estructura del CIMP
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Fuentes cercanas al
Ministerio de Industria manifestaron que "la inclusión de más agentes a un organismo como este, que toma decisiones muy importantes,
puede dificultar su funcionamiento". También desde la industria farmacéutica se han mostrado reacios a esta nueva estructura porque "con 17 personas, más los representantes ministeriales, hay más posibilidades de que
las decisiones acaben por retrasarse hasta la siguiente reunión". Por ello, la petición fue la de
crear un 'evaluador' que garantice la eficacia de la nueva CIPM.
En el lado contrario se encuentra la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (
Airef) que propone la modificación de la composición actual de la CIPM,
corresponsabilizando a las comunidades autónomas de las decisiones que se tomen en las reuniones. Lejos de esta idea se encuentra el Ministerio de Sanidad que, tal y como pudo saber
Redacción Médica, estudiaba la
entrada de sindicatos y patronal en esta comisión.
RD Precios y Financiación
De otro lado, el PP recupera el debate de ña
puesta en marcha de un Real Decreto de Financiación y Precios de Medicamentos. Un proyecto cuya
última modificación es de septiembre de 2018 y que saltó a la actualidad mediática en forma de
borrador en 2015.
Fue en la X Legislatura cuando el
Ministerio de Sanidad inició este ambicioso proyecto que, sin embargo, no ha visto la luz. Esta iniciativa tiene el objetivo de
poner orden y transparencia a la gestión pública del coste de los medicamentos y los criterios para ello.
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El PP quiere saber cómo va a evitar el Gobierno nuevos intentos para controlar el big data sanitarios como el del VISC+ catalán
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Continuando con la industria farmacéutica, el PP entre su batería de preguntas preguntan sobre si consideran que el sistema de fijación de precios de medicamentos es transparente, el acceso a los medicamentos innovadores,
la implantación de Valtermed o la ley para regular los
ensayos clínicos a nivel europeo.
De otro lado, y al igual que ocurrió con el aluvión de preguntas que registró el partido en el Congreso, Rubén Moreno también se empapa de la actualidad mediática. Con motivo del proyecto de la
Generalitat de Cataluña de crear una base de datos propia (el VISC+), el PP quiere saber si el Gobierno tiene “la intención de regular los derechos y criterios para la explotación, aprovechamiento y comercialización del conjunto de la información clínica del Sistema Nacional de Salud” para evitar este tipo de iniciativas.
Para terminar, el diputado también pregunta sobre que el único organismo en potestad para modificar el del
Big Data sanitario sea el Ministerio de Sanidad, sobre el impulso de los datos estadísticos que ofrece el organismo coordinado por Salvador Illa, y la interoperabilidad de la
historia clínica tanto entre centros de la privada y la pública como solo en el Sistema Nacional de Salud.
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