"España debe llevar a cabo una política de retención del talento sanitario"

“Los retos de futuro no se solucionan parcheando una ley del pasado, pero es evidente que la actualización necesaria de la Ley General de Sanidad solo será posible con un Gobierno serio”. Alberto Núñez Feijóo mantendrá, de cara a 2027, su compromiso de reformar la norma sobre la que se asienta el sistema sanitario actual, que este 19 de mayo celebra el 40 aniversario de su entrada en vigor. El líder de la oposición confirma, en vísperas de las elecciones andaluzas, su intención no solo de reformar el texto, sino también de reestructurar el sistema de financiación autonómica en una entrevista con Redacción Médica. La cita del 17 de mayo es quizá la antesala de las próximas elecciones generales.

En este contexto, y en el marco de la ley de 1986, el gallego aborda en este periódico los grandes temas que están marcando la agenda sanitaria e insiste en que lo que “necesita España es que reformemos esta ley y las que sean necesarias para garantizar que los españoles acceden a los mismos servicios públicos, especialmente a uno esencial como es la sanidad”.

La Ley General de Sanidad de 1986, considerada el germen del sistema sanitario español actual, salió adelante con la abstención de la derecha de aquel momento. Cuarenta años después, y habiendo sido usted uno de sus gestores más destacados en diferentes niveles, ¿qué valoración hace hoy el Partido Popular de esta Ley Macro? 

La Ley General de Sanidad de 1986 fue un punto de partida imprescindible para construir el actual Sistema Nacional de Salud, aunque no el único: desde los gobiernos del Partido Popular también se pusieron en marcha numerosas leyes que han servido para garantizar y fortalecer la cohesión del sistema que hoy podemos disfrutar todos los españoles. Le estoy hablando de leyes tan importantes como la de Cohesión y Calidad del Sistema del año 2003, el Estatuto Marco del mismo año o un sistema de financiación autonómica, cuya última actualización fue en 2009. 

En cualquier caso, es evidente que han pasado muchos años y que las leyes hay que reformarlas y actualizarlas, poner en marcha otras nuevas, para que sirvan en la España de hoy, a las realidades presentes. Nosotros defendemos un Gobierno que proponga soluciones y no que cree problemas, por eso también pensamos que, aunque esta ley que fue buena en su momento, hoy se ha visto ampliamente superada por la realidad. España ha evolucionado, la presión asistencial es distinta y los retos que tenemos por delante, como el envejecimiento de la población o la acuciante falta de profesionales sanitarios, son muy distintos a los que teníamos hace cuarenta años.  Por tanto, más que mirar atrás, lo que toca es actualizar el modelo con el mismo espíritu de consenso con el que nació.

"Está claro que esa ley ayudó a crear un sistema ordenado, a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y a ofrecer el servicio en igualdad"

¿Cómo considera que hubiera sido la evolución del sistema sanitario español si no se hubiera aprobado esta norma?

No creo que debamos hablar de hipótesis, sino de ideas tangibles. Por eso, aunque está claro que esa ley ayudó a crear un sistema ordenado, a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y a ofrecer el servicio en igualdad sin importar dónde hayas nacido o en qué parte de España residas, es necesario actualizar toda la reglamentación para que esto siga siendo posible. Lo responsable y lo que necesita España es que reformemos esta ley y las que sean necesarias para garantizar que los españoles acceden a los mismos servicios públicos, especialmente a uno esencial como es la sanidad, independientemente de dónde sean o dónde residan.  

En 1991, apenas cinco años después de aprobarse la ley, usted asumió responsabilidades como secretario general en la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia. ¿Cómo fue gestionar la modernización del sistema gallego bajo un marco legal que todavía estaba "recién estrenado"? ¿Qué dificultades reales planteaba esa Ley Marco para una administración autonómica que buscaba su propia identidad sanitaria?

Cuando asumí responsabilidades en la Xunta de Galicia estábamos en una fase muy inicial del desarrollo autonómico del sistema sanitario y el reto era doble: desplegar un modelo nuevo y hacerlo con recursos limitados y estructuras aún en construcción. Eso obligó a priorizar la gestión eficiente, la planificación y la profesionalización. La ley ofrecía un marco general, pero dejaba mucho margen a las comunidades y yo creo que más que dificultades, exigía responsabilidad: construir un sistema propio sin romper la cohesión nacional. Ahí Galicia avanzó en ordenación sanitaria, planificación hospitalaria y mejora de la gestión y hoy podemos decir que lo hicimos con éxito. 

En 1996 pasó a dirigir el Insalud. Bajo su presidencia se impulsó la Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión. ¿Fue esa ley una forma de cubrir algunos vacíos de la Ley General de Sanidad? ¿Era su objetivo complementar la ley de Ernest Lluch o empezar a trazar un camino de gestión alternativo?

Esa ley fue una evolución lógica del sistema, una actualización para que España no se quedase atrás en cuanto a gestión sanitaria. Lo que buscábamos era introducir instrumentos de gestión más flexibles para mejorar la eficiencia, reducir listas de espera y adaptarnos a una sanidad pública cada vez más compleja.

En cualquier caso, querría subrayar que lo que hizo esa ley del 97, que fue aprobada con el apoyo del PSOE, fue desarrollar lo que ya se preveía previamente en la Ley General de Sanidad, puesto que esta ya contemplaba que lo concertado podía formar parte del Sistema Nacional de Salud. Desde el Partido Popular creemos que lo público y lo concertado son compatibles y complementarios, y que esa es la verdadera forma de defender la sanidad pública: con métodos actualizados y modernos, contando con agentes externos allí donde lo público no pueda llegar, para dar el mejor servicio posible a quien tiene que recibir la atención sanitaria, que es el paciente. Hay que utilizar todos los recursos, porque ha crecido exponencialmente la presión asistencial.

"La descentralización no puede ser fragmentación"

Su época en el Insalud también estuvo marcada por el proceso de cesión de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Con la perspectiva de los años ¿Cree que fue un cambio positivo? 

Por supuesto que fue una decisión acertada. La descentralización permitió acercar la gestión y la sanidad al ciudadano, adaptando los servicios a las realidades territoriales y mejorando la capacidad de respuesta ante los problemas. No tiene nada que ver el día a día sanitario de una comunidad autónoma con muchos pequeños núcleos poblacionales dispersos y una población envejecida, que una comunidad autónoma con una gran urbe que concentra a muchos millones de habitantes. 

La cuestión aquí es que todos los ciudadanos tienen que recibir el mismo servicio público. Por eso desde el PP estamos defendiendo una partida sanitaria dentro de la financiación autonómica: la descentralización no puede ser fragmentación y la gestión de las comunidades autónomas no puede acabar generando desigualdades por la falta de acción y coordinación del Ejecutivo central.  

Más del 70 por ciento del articulado original de la norma de 1986 ha sido ya derogado o modificado por leyes posteriores, ¿cree que en la actualidad sería posible alcanzar un acuerdo transversal sobre una nueva Ley Nacional de Sanidad?

Tiene sentido plantear una actualización integral de la legislación, pero es imposible con este Gobierno. Mientras que el Gobierno de Sánchez considere a la sanidad como un ámbito electoralista y donde confrontar, es imposible llegar a acuerdos de este calado y el problema es que llevamos nueve meses de huelgas entre los profesionales por ese sectarismo y falta de diálogo. La inestabilidad a la que ha sometido Pedro Sánchez a nuestro país es inaudita en nuestra democracia. En todos los sectores, pero muy especialmente en Sanidad. 

Por no hablar de que para actualizar una ley de este calado el Gobierno primero tendría que ponerse de acuerdo consigo mismo en el Consejo de Ministros, cuando ya hemos visto que incluso los de Sumar han llegado a participar en la reunión y no ha pasado nada, y después tendrían que convencer a sus socios parlamentarios, quienes muchas veces tienen intereses contrapuestos. A esta inestabilidad, falta de política y desgobierno es a lo que nos ha conducido Pedro Sánchez por su intención de gobernar a toda costa, pese a haber perdido las elecciones. 

La ley ha dado paso al actual modelo de sanidad descentralizada. Sin embargo, esta fórmula también ha despertado una competencia entre las comunidades autónomas especialmente en la atracción del talento profesional ¿Cree que debe ajustarse la normativa para evitar un agravio comparativo entre regiones? 

Creo que España, como país, debe llevar a cabo una política de atracción y retención del talento, también en el sector sanitario. No creo que sea bueno que cada autonomía haga la guerra por su cuenta, pero es normal que las comunidades estén poniendo en marcha medidas ante la dejación del Gobierno de Sánchez. Lo que están exigiendo las comunidades autónomas es aumentar las plazas MIR, pero el Gobierno no lo hace: el Ejecutivo central debería ser garante de la igualdad entre ciudadanos, pero se ha convertido en una fuente de oposición a las autonomías y es esa oposición la que genera desigualdad. No hay cogobernanza, hay oposición a las comunidades autónomas.  

"El Gobierno ha aprobado esta regularización masiva sin tener en cuenta el coste"

Otra de las claves de la ley fue el establecimiento de lo que hoy conocemos como la sanidad universal. Viendo los cambios sociales que se han producido en España en los últimos cuarenta años ¿Es necesario dar un nuevo impulso a la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios? 

La universalidad es un principio superado por nuestro sistema nacional de salud, pero lo que nosotros estamos diciendo es que no se puede convertir la irregularidad en un derecho. Este debate se ha abierto debido a la política de inmigración errática de este Gobierno, cuyo último eslabón es la regularización masiva que han aprobado que es inhumana, injusta, insegura e insostenible, cuando lo que necesita España es una inmigración legal, ordenada y acorde al derecho europeo. 

Lo que les preocupa a los españoles es tener una sanidad de calidad y el Gobierno ha aprobado esta regularización masiva sin tener en cuenta el coste ni quién va a pagar que haya más de un millón nuevo de personas pudiendo ir a la Atención Primaria, pese a la falta de profesionales de la que llevamos alertando mucho tiempo. Ante esto, el Gobierno no solo no propone ninguna solución. No hay más que ver la última oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada, en las que apenas se aumentaron las plazas MIR de Atención Primaria en 34, cuando se estima que hacen falta 4.500 nuevos profesionales.

Es imposible hablar del modelo sanitario actual sin pensar en el sistema de financiación autonómica. Su partido ha planteado en más de una ocasión la necesidad de establecer un apartado específico para financiar la sanidad ¿Debe esta fórmula económica encajarse en una potencial reforma de la Ley General de Sanidad? 

Nuestra propuesta es hacerlo a través de la propia financiación autonómica. Una reforma de la financiación autonómica que, desde luego, no puede ser pactada únicamente con ERC, como ha hecho Pedro Sánchez, sino hablando con todos los gobiernos autonómicos, buscando soluciones para todos y ofreciendo recursos suficientes para garantizar los servicios públicos básicos, que gestionan las autonomías, como es la sanidad, la educación o la dependencia. 

Para la sanidad, que es una de las principales partidas que tienen que gestionar las comunidades autónomas, es imprescindible que haya un sistema de financiación autonómica actualizado y que contemple este gasto. Será otra de las reformas que pondrá en marcha el próximo Gobierno y lo haremos de forma justa y responsable, contando con todos los territorios. 

Uno de los cambios que trajo la ley también fue el establecimiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en los últimos años ha cobrado todavía una mayor dimensión mediática ¿Cree que es necesario revisar el órgano en el que se reúnen Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas? 

Yo creo que el Consejo Interterritorial es una buena herramienta, si se utiliza bien. Con un Gobierno del PP este instrumento recuperará su papel técnico y de coordinación real. El problema es que la politización a la que este Gobierno ha sometido al Consejo Interterritorial está impidiendo las funciones de este instrumento, que debería servir para coordinar a las autonomías y para crear sinergias entre territorios.  

Durante la campaña electoral de 2023, la reforma de la Ley General de Sanidad se situó como una de las banderas de su programa. ¿Mantendrá el compromiso de sustituir esta ley de cara a la cita electoral de 2027? 

Soy una persona de palabra y un político al que le gusta cumplir con lo dicho.  Desde luego, seguimos pensando que es necesaria una nueva ley para incorporar mejores prácticas, eliminar regulaciones obsoletas y actualizar la forma de gestionar el Sistema Nacional de Salud. Los retos de futuro no se solucionan parcheando una ley del pasado, pero es evidente que la actualización necesaria de la Ley General de Sanidad solo será posible con un Gobierno serio, estable y unido, con experiencia de gestión y con estabilidad en el Ministerio de Sanidad, que tenga un proyecto a corto y medio plazo para el Sistema Nacional de Salud.