El
Gobierno ha alertado sobre un
aumento en el consumo de metanfetamina en España, una tendencia que, aunque por el momento es
modesta, se ha incrementado de manera significativa, según encuestas, indicadores de tratamiento, detenciones y decomisos. Esta preocupación ha sido expresada por la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Dgpnsd) que, según indica el Ejecutivo en una de sus respuestas parlamentarias recientes, ha adoptado una postura
anticipatoria y
prudencial ante la problemática.
En los últimos dos años, se han implementado diversas acciones dirigidas a contener y
mitigar los riesgos asociados al
consumo de metanfetamina. En primer lugar, se ha fortalecido la
colaboración con todos los actores implicados en el
seguimiento de la situación, incluyendo el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) y las Fuerzas de Seguridad del Estado. También se han involucrado a las comunidades autónomas a través de la
Comisión Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas y a responsables de
políticas antidrogas en grandes ciudades.
Adicionalmente, la Dgpnsd ha buscado el
asesoramiento de entidades y expertos internacionales con mayor experiencia en el
tratamiento y reducción de riesgos relacionados con la
metanfetamina, tales como el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), responsables de políticas de drogas en la República Checa y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA).
Otro aspecto clave ha sido el seguimiento intensivo de las
novedades terapéuticas a nivel global, con la esperanza de que los ensayos en curso en diversos países puedan ofrecer soluciones efectivas en el futuro cercano.
Políticas sobre drogas y adicciones
El Ejecutivo destaca, a su vez, que el Estado español, a través de la Dgpnsd, realiza
aportaciones anuales para fomentar e
l desarrollo de políticas sobre drogas y adicciones en las autonomías. Estas aportaciones provienen de los Presupuestos Generales del Estado y del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Además, la Dgpnsd convoca órdenes de ayuda anuales para subvencionar programas prioritarios dirigidos a Organizaciones no Gubernamentales, determinadas Corporaciones Locales, y Centros de Investigación públicos y privados.
Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo para
reducir los daños asociados al consumo de sustancias adictivas y contribuir a una sociedad más saludable, informada y segura. En 2024, se evaluará el Plan de Acción vigente y se preparará el nuevo Plan de Acción sobre Adicciones 2025-2028, que abordará de manera integral las nuevas tendencias y desafíos, incluyendo el
aumento del consumo de metanfetamina.
Plan de Acción contra Adicciones
El Plan de Acción sobre Adicciones 2021-2024 desarrolla los
objetivos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones (ENA) 2017-2024. Incluye una serie de medidas destinadas a la "reducción y control de la oferta". Entre estas ellas, se destacan aquellas orientadas específicamente a
reforzar la lucha contra la producción y el tráfico de cannabis. Además, el Ministerio de Sanidad, a través de la Dgpnsd, promueve y financia la realización de encuestas sobre el consumo de sustancias psicoactivas, como las encuestas Edades y Estudes.
Para más información sobre los datos de
consumo de cocaína en España, se puede consultar el dossier publicado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), tal y como detalla el Gobierno. La Dgpnsd, por su parte, también publica información relevante sobre el
cannabis y otros temas relacionados con las
adicciones en su página web, donde se pueden consultar monografías y otros documentos especializados.
Por último, el Gobierno añade que la
participación de las comunidades autónomas es crucial en el desarrollo de programas y servicios de atención a las adicciones, adaptando las políticas a las necesidades específicas de cada región. Estas acciones se complementan con las
subvenciones anuales que el Estado otorga a través de la Dgpnsd para fomentar el desarrollo de políticas sobre drogas y adicciones en las autonomías, organizaciones no gubernamentales y centros de investigación.
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