Los afectados por la talidomida han celebrado en Madrid su X Congreso Anual y su Asamblea General en la que han votado mantener “todas las acciones posibles” para exigir responsabilidades por las secuelas causadas por el medicamento dispensado por la farmacéutica alemana Grünenthal. En España se calcula que más de 3.000 bebés nacieron mutilados sin brazos y sin piernas o con serias deformidades y graves secuelas internas .
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) acordado seguir buscando alternativas después de que el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional no admitiera el recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que les negó las indemnizaciones que reclamaban a la farmacéutica al entender que la acción había prescrito.
Independientemente a todas las vías judiciales y políticas que Avite que va a llevar a cabo y de los frentes que tiene abiertos contra la farmacéutica Grünenthal, Avite va a presentar antes de que finalice el mes de septiembre su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (TEDH).
Además, Avite llevará a cabo de inmediato diversas acciones para “sensibilizar a la farmacéutica sobre el perjuicio sobre su imagen” por mantener esta situación en la que se encuentran cientos de afectados y no querer indemnizarlos. La asociación cuestiona la deuda moral y ética que tiene con los afectados y critica la posición de la farmacéutica que asegura que la Fundación alemana ya tiene medios para indemnizar y que se pueden dirigir a ella. Avite firma que “es bien sabido por todos que dicha fundación está gestionada y manipulada tanto por el Gobierno alemán, como por la propia farmacéutica, pagada con sus propios fondos y forman parte de su personal altos cargos del propio laboratorio alemán Grünenthal”.
Desde dicha Asamblea General Avite ha acordado pedir públicamente a Grünenthal que se siente en una mesa a negociar de una forma seria. Además han criticado que ofrezcan 120.000 euros de indemnización para todos los afectados españoles, como ya hizo en su momento y pide que “asuma su deuda moral y ética que tiene con los afectados españoles”.
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