Las víctimas de la talidomida de
Grünenthal quieren que la
Unidad de Diagnóstico que cree el
Ministerio de Sanidad para reconocer su condición sirva para otorgarles certificados de validez internacional con los que poder reclamar tanto a la farmacéutica como a través de procesos en
Europa y Alemania.
Así lo explica a
Redacción Médica Rafael Basterrechea, vicepresidente de la
Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), que confirma que hay prevista una reunión el próximo 17 de mayo en el Ministerio de Sanidad para crear un Comité de Trabajo y una Unidad de Diagnóstico que debería reconocer a las víctimas españolas del fármaco de Grünenthal.
"Lo ideal sería que el comité
reconociera el trabajo de estos últimos 14 años de Avite", explica Basterrechea, refiriéndose a los certificados que la propia asociación ha ido elaborando. Estos documentos recogen las evidencias (análisis médicos incluidos) para certificar que una persona
ha padecido secuelas por la talidomida de Grünenthal.
En su opinión, que el comité reconozca estos documentos es importante para agilizar los trámites. "Estamos casi a mediados de año y el compromiso de Sanidad es que
las víctimas estén reconocidas antes de 2018", dice Basterrechea, que añade que, en cualquier caso, la prioridad es "contar con documentos oficiales, aunque haya que volver a hacerlos todos".
Antes del verano
La creación de este comité es la consecuencia de una
Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en noviembre en la Comisión de Sanidad del Congreso que especificaba la creación de un grupo de trabajo para reabrir el registro de afectados y proceder a
indemnizar a las víctimas. En este grupo se integrarán altos cargos del ministerio de Sanidad, miembros del Instituto de Salud Carlos III y representantes de
Avite, como el propio Basterrechea y los médicos Francisco Javier García Mora y Juan Antonio Ortega.
En opinión del vicepresidente de Avite, el grupo debe empezar a funcionar
antes del verano. Además, especifica que, si el grupo de trabajo empieza a expedir certificados, habría que destinar una partida en los
Presupuestos Generales del Estado en 2018 para "poder satisfacer las indemnizaciones". Esta reclamación coincide con la que hicieron algunos grupos parlamentarios que finalmente quedó excluida ante la negativa del PP.
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