La
Ley de Salud Pública puede convertirse en la puerta de entrada para que se ponga fin al bloqueo de las homologaciones de psicólogos procedentes del extranjero, que ha puesto en pie de guerra a cientos de profesionales que no pueden ejercer en el país. Tras meses de disputas, una de las soluciones que ha explorado el Gobierno pasa por una
concatenación de reformas que arrancaría con la futura
Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
El
Ministerio de Universidades ya se comprometió con los afectados en una reunión a solventar el problema que impide a los residentes de otros países acceder al
Máster en Psicología Sanitaria, el único habilitante en el sector. El objetivo era facilitar su entrada en estos estudios mediante un proceso de
equivalencia de sus títulos de licenciatura o bien con una nueva fórmula para el reconocimiento de créditos mediante convalidación de asignaturas.
Para poder activar estos procesos, el secretario general de Universidades,
José Manuel Pingarrón, ya adelantó que sería necesario un
“modificación de la normativa vigente”. Fuentes presentes en la cita explicaron que el compromiso fue utilizar la tramitación de la normativa universitaria para derogar algunos puntos de la
Ley de Salud Pública del año 2011 que se ha convertido en los principales escollos para que se puedan materializar las homologaciones.
La nueva reforma permitiría acabar con al punto
3.A de la disposición adicional séptima, en el que se especifica que “el título de Grado en Psicología, que no habilitará, por sí mismo, para el ejercicio de la psicología en el sector sanitario,
constituirá un requisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria”. Esta cláusula era de
imposible cumplimiento para los profesionales del extranjero.
Sin embargo, este compromiso no ha quedado plasmado en el borrador del anteproyecto de ley que ha difundido el Ministerio de Universidades y que solo hace alusiones a derogar otras normativas relacionadas directamente con su departamento. Fuentes de la
Asociación de Psicólogos Migrantes han lamentado este paso atrás, aunque se han mostrado confiados en que la vía se reactive en la tramitación de enmiendas en el Congreso.
Para tratar de evitar un bloqueo, el colectivo ha iniciado conversaciones con los parlamentarios del
Partido Popular o de
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con el objetivo de sumar aliados ante el previsible debate que generará la normativa. "Va a quedar un Frankestein. No es una ley que vaya a pasar directa", han afirmado.
Límite de 10 días para alegaciones
Más allá de la propuesta, el colectivo ha detectado
“problemas de consolidación del ordenamiento jurídico vigente” que pueden lastrar el plan. Mientras que han observado un cierto
desconocimiento por parte del Ministerio de Universidades sobre las normas anteriores que ya habían quedado
obsoletas.
Además del encaje normativo, los psicólogos migrantes también aprovecharon su reunión con Pingarrón para reclamar algunos cambios en el procedimiento para solicitar las homologaciones, ya que el
Real Decreto de 2014 que establece los requisitos concede un
plazo de apenas 10 días para las alegaciones. “
Mucha gente no va a poder alegar y va a perder su expediente. Especialmente los que están en Argentina o en Brasil”, han apuntado. Al cierre de la edición del periódico, el
Ministerio de Universidades no ha dado respuesta a este periódico sobre el proceso de homologación.
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