El Secretario General del Ministerio de Sanidad,
Ricardo Campos, y la presidenta de la Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (Aecosan),
María García, se han reunido este miércoles con representantes de las
plataformas de afectados por la empresa iDental para trasladarles las actuaciones que se están desarrollando desde Sanidad.
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"El caso de iDental es el mayor escándalo sanitario que se conoce en España"
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Según ha anunciado el propio Ministerio de Sanidad, este mismo viernes presentará ante la Fiscalía General del Estado un
expediente con la información remitida por las comunidades autónomas (CCAA) para que determine si existe ilícito penal por parte de la compañía dental, que dejó a miles de paciente sin tratamiento.
También se está planificando una
estrategia de respuesta coordinada con las autoridades de consumo y sanitarias de todas las CCAA para atajar así las diferentes reclamaciones que han ido realizando los afectados, durante los últimos meses.
Del mismo modo, se ha trasladado a las entidades financieras que se dé cumplimiento a la
Ley de Contratos de Créditos al Consumo y se deje de seguir cobrando los créditos bancarios vinculados a los pacientes a los que iDental ha interrumpido sus tratamientos. Según la directora de Aecosan “una vez interrumpido el tratamiento, las entidades no pueden seguir cobrando”.
Concentración
Aprovechando la reunión que han celebrado en el Ministerio de Sanidad, las plataformas Actora Consumo y Adafi (Asociación de Afectados por iDental)
se han concentrado frente al edificio del Paseo del Prado para visibilizar sus reivindicaciones.
Según los convocantes esta concentración "ha marcado un antes y un después en las reivindicaciones que llevan años realizando los afectados por las estafas que esta empresa de odontología ha realizado a miles de ciudadanos". Estas dos organizaciones calculan que
más de 197.000 personas podrían haber sufrido algún tipo de estafa durante los últimos años.
"El problema se dio a conocer, entre otras cosas, porque se descubrieron numerosos casos de personas de avanzada edad que se quejaban de problemas bucales debido a las operaciones realizadas. Al desconocer los protocolos de denuncia, muchos han terminado sufriendo numerosos problemas físicos y psicológicos al encontrarse en una situación de total desamparo", indican en una nota los convocantes, que agregan que "se trata del mayor escándalo sanitario que se conoce en España que afecta a tantas personas a la vez".
Los afectados aseguran que su lucha ahora mismo se centra en
recuperar el dinero robado y reparar el daño, tanto físico como psicológico. Actora Consumo y Adafi remarcan que uno de los factores clave para que esto no vuelva a suceder en España es que la "salud bucodental sea pública, gratuita y accesible para toda la ciudadanía".
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