Los veterinarios solicitan igualdad. El Congreso de los Diputados debatirá, este martes, la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Esquerra Republicana de Cataluña en la que se solicita la reducción del IVA de las actividades veterinarias, siendo las únicas de las profesiones sanitarias con una tasa impositiva del 21 por ciento, lo que implica 13 puntos más que el resto de prácticas sanitarias que se sitúan en el IVA reducido del 10 por ciento.
La Organización Colegial Veterinaria Española ha recordado que la subida registrada en 2012 representa una “arbitrariedad e injusticia, ya que los veterinarios no están siendo tratados como el resto de profesiones sanitarias, a pesar de que está contemplada en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias”. De ahí, que se denuncie la presencia de una “discriminación” y se ofrezca el apoyo incondicional a la PNL que se debatirá en el Congreso de los Diputados.
Con el objetivo de impulsar la aprobación de la PNL, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y las organizaciones de cada provincia han enviado una carta a todos los grupos políticos de cada circunscripción electoral andaluza. Una autonomía en la que, según indican desde el Consejo, cuenta con 5.000 profesionales veterinarios (un 15 por ciento pertenecientes al sector público) y más de 2.000 establecimientos en la comunidad.
El vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Ignacio Oroquieta, ha asegurado a Redacción Médica que “tenemos unas expectativas muy prudentes ante el debate. Aunque esperamos que se haga justicia y se dé el primer paso para remediar la discriminación que han padecido los veterinarios”. No obstante, ha asegurado que “no tenemos previsto un plan B en el supuesto de que la votación sea negativa, ya que esperamos que no sea necesario tener que pensar en nuevas medidas”.
Para Oroquieta, el restablecimiento del IVA al 10 por ciento implicaría un “ánimo revulsivo para el sector, donde se estimulará el mercado de las clínicas veterinarias y se facilitará que las personas acudan a los controles periódicos de sus mascotas”.
Asimismo, la representación oficial recuerda que el aumento del impuesto ha generado un efecto “nefasto” en la situación económica y profesional de los veterinarios. “La situación económica no permiten repercutir la subida de este tributo al precio final de la mayoría de los servicios veterinarios y, por lo tanto, nuestros colegiados lo han tenido que asumir”. Un efecto que, según precisan, se prolonga a los tratamientos preventivos, lo que podría degenerar en un aumento de los riesgos para el buen funcionamiento de la salud pública.
Los efectos en cifras
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios advierte que, desde 2013, un total de 500.000 perros y gatos han dejado de acudir al veterinario, según los datos de los Colegios Oficiales de Veterinarios de España, por lo que estiman que más de cinco millones de perros y tres millones de gatos podrían estar siendo incorrectamente vigilados, ante una relajación en los controles veterinarios.
Las organizaciones denuncian que el impacto económico también ha repercutido en un aumento del abandono (con una tasa del 30 por ciento anual) y la eutanasia animal, así como en la necesidad de destinar más de 200 euros brutos anuales para el cuidado de la mascota. Sin embargo, no todos los efectos van vinculados a los animales, sino también a los profesionales.
En concreto, se indica que la facturación de las clínicas veterinarias ha descendido en un 30 por ciento y sus ingresos en más del 20 por ciento, conllevando a su cierre y endeudamiento familiar. Lo que ha generado un incremento en el paro veterinario, así como en la economía sumergida y la aparición de centros ‘low cost’, donde se percibe una alta tasa de intrusismo y competencia desleal.
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