Apenas tres semanas después del cierre de dos clínicas dentales en Barcelona, en la Comunidad de Madrid han cerrado de forma repentina cuatro centros pertenecientes a una cadena de clínicas odontológicas. Según indica el Consejo General de Dentistas, con base en informaciones de los medios de comunicación, hay
decenas de personas afectadas que han visto cómo sus tratamientos se han quedado a medias o incluso sin empezar pese a haber pagado cantidades superiores a los 10.000 euros.
Además, han manifestado su temor a
no poder recuperar sus historias clínicas. Al ser preguntados, los pacientes damnificados han declarado que acudieron a estos centros al sentirse atraídos por las campañas de publicidad que vieron en televisión.
A raíz de esta situación, desde el Consejo General de Dentistas se vuelve a insistir en la necesidad de que se apruebe una
ley de publicidad sanitaria estatal que establezca unos criterios homogéneos, claros y exigentes para regular los mensajes que reciben los ciudadanos sobre
tratamientos y Servicios de Salud.
El presidente del Consejo General de Dentistas,
Óscar Castro Reino, asegura que no se puede permitir "que la asistencia sanitaria se promocione utilizando las mismas técnicas comerciales que se emplean para vender cualquier producto de consumo". "La salud no puede estar sometida a mensajes que anuncian descuentos, ofertas, garantías de por vida o promesas de resultados.
La publicidad sanitaria debe ser veraz, rigurosa, comprensible y estar basada en la evidencia científica”, apunta.
Impedir promociones agresivas en salud
Así, el Consejo General de Dentistas reclama una ley de publicidad sanitaria estatal que prohíba los mensajes engañosos, ambiguos o que generen falsas expectativas; que impida utilizar la salud como reclamo mediante ofertas, descuentos y
promociones agresivas; que exija que la publicidad tenga base científica; y que refuerce la supervisión de la publicidad y establezca sanciones verdaderamente disuasorias.
"Llevamos mucho tiempo advirtiendo de las consecuencias de convertir la
Odontología en un negocio centrado exclusivamente en la captación masiva de pacientes y en la venta anticipada de tratamientos. No se trata de limitar
la actividad empresarial legítima, sino de garantizar que cualquier actividad económica desarrollada en el ámbito sanitario quede subordinada a la seguridad del paciente y a la buena práctica clínica", afirma.
Del mismo modo, Castro muestra su preocupación por la
utilización del término “tiendas” para referirse a las clínicas dentales, tal y como aparece en algunas informaciones publicadas. Esta denominación, además de resultar inadecuada, contribuye a banalizar la Odontología: “Una clínica dental no es una tienda. Es un centro sanitario en el que los dentistas, que son profesionales cualificados, diagnostican patologías bucodentales, realizan tratamientos y asumen responsabilidades clínicas, éticas y legales. Cuando se habla de tiendas se nos desprestigia como facultativos, se mercantiliza la profesión y, lo que es todavía más grave, se transforma al paciente en un cliente”, concluye.
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