El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, continúa con la ronda de contactos con los diferentes representantes de la Administración Pública con el objetivo de trasladarles las que, en su opinión, son las reformas necesarias para mejorar la situación actual de la Odontología y la salud bucodental de la población.
La última reunión se ha celebrado, vía telemática, con el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, y con el asesor de la Dirección General de Consumo, Nelson Castro Gil, a los que el presidente de la Organización Colegial ha informado sobre la acuciante necesidad de aprobar una ley marco a nivel nacional que regule la publicidad sanitaria en todas las comunidades autónomas con la finalidad de evitar la difusión de mensajes y anuncios engañosos que puedan perjudicar la salud de los ciudadanos.
“Algo tan sensible como la publicidad sanitaria debería estar regulada por igual en todo el país. Es la única forma de poder proteger a la población de informaciones falsas y reclamos que les puedan confundir y crear falsas expectativas sobre los diferentes tratamientos”, apuntó Castro.
Asimismo, el presidente de la Organización Colegial ha insistido en que “es fundamental que se aplique correctamente la Ley de Sociedades Profesionales para extender el control deontológico de los Colegios Profesionales a las empresas que tengan por objeto social la prestación de servicios profesionales”.
Con esta iniciativa parlamentaria se pretende lograr que el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales recaiga en los profesionales y se evitarían las sociedades de intermediación y la entrada de fondos buitre en el sector sanitario.
Óscar Castro también ha señalado la complicada situación en la que se encuentran los jóvenes dentistas en nuestro país: “En la mayoría de las ocasiones, son contratados como falsos autónomos, con sueldos mínimos y con unas condiciones laborales pésimas. Muchos se ven obligados a emigrar a otros países”. Rafael Escudero y Nelson Castro han mostrado su colaboración para impulsar medidas que mejoren la protección de los consumidores en estos ámbitos.
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