El Gobierno de la Junta de Extremadura también apoya la
creación de las especialidades odontológicas y está
a favor de regular la publicidad sanitaria. Así lo ha manifestado el consejero de Sanidad de la región,
José María Vergeles, tras escuchar los argumentos del presidente del Consejo General de Dentistas de España,
Óscar Castro, y de la presidenta del Colegio de Dentistas de Extremadura,
María Paz Moro, quienes han celebrado una reunión telemática conjunta para abordar estas y otras cuestiones relacionadas con el sector odontológico.
De este modo, el presidente del Consejo General
continúa recabando apoyos de los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas. Hasta la fecha, se ha reunido con los responsables autonómicos de
Madrid, Murcia, Cantabria, Andalucía y, ahora,
Extremadura.
En una nota de prensa emitida por el Consejo los dentistas señalan que, con la reciente entrada en vigor del nuevo Real Decreto de Especialidades en Ciencias de la Salud, que establece el procedimiento y los criterios para la propuesta de los nuevos títulos de especialista, "es
fundamental contar con el apoyo de las Consejerías de Sanidad de los distintos territorios".
Por el momento, España sigue siendo el único país de la Unión Europea que
no tiene reconocidas de manera oficial las especialidades odontológicas, de tal forma que los profesionales españoles con formación específica en determinados campos de la Odontología, si deciden trabajar fuera de España, "no cuentan con el reconocimiento correspondiente fuera de nuestras fronteras", insisten los profesionales.
La publicidad sanitaria, defendida en Extremadura
Por otra parte, ambos responsables colegiales han expuesto la
necesidad de aprobar una normativa sobre publicidad sanitaria que proteja a los ciudadanos de aquellas mercantiles que utilizan
estrategias publicitarias "muy agresivas" y que confunden a la población "prometiendo resultados milagrosos".
Por último, tanto Castro como Moro han trasladado la importancia de luchar de una manera contundente
contra los casos de intrusismo profesional "que siguen produciéndose en nuestro país y que ponen en riesgo la salud de muchos ciudadanos".
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