Los dentistas se unen al rechazo de que se intervenga su autonomía colegial

El cambio en la evaluación de los códigos deontológicos de los colegios profesionales y los consejos generales no cuenta solamente con el "no" de Medicina y Enfermería. Los dentistas se suman a esta negativa y consideran que el intento de que el Gobierno participe de este control atribuyendo esta potestad a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "no se ajusta a derecho".

"No es para nada positivo. Consideramos que no existe justificación en la legislación para exigir a las organizaciones colegiales un visado ajeno por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que es la encargada de velar por la libre competencia en los mercados y que además no se requiere al resto de administraciones a las que se refiere el RD 472/2021, que deben realizar sus propios test de proporcionalidad, sin tutela de un organismo de esta naturaleza", asegura Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España.

Como ya ha avanzado Redacción Médica, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital propone modificar ese Real Decreto para adaptar la normativa a una Directiva europea sobre el test de proporcionalidad previo a la adopción de nuevas regulaciones de profesiones. La propuesta ministerial ya ha recibido diferentes alegaciones para evidenciar los "problemas" que generaría esta ley a las distintas profesiones sanitarias.

Unas alegaciones que también han presentado los dentistas y con las que han "justificado" las razones de su oposición. "Esperamos que desde el Ministerio se tengan en cuenta las aportaciones realizadas por este y otros muchos consejos generales, así como Unión Profesional, que en este caso vamos de la mano", matiza Castro.

"Esta modificación puede tener consecuencias en la actividad profesional, el prestigio de la profesión y el interés general"

Un cambio que aleja a los consejos de Europa

Los dentistas coinciden en que esta no es la manera de acercarse a sus colegas europeos. "Desde este Consejo General llevamos luchando por otras cuestiones prioritarias, como la consecución de las especialidades odontológicas, que sí que nos acercarían al resto de Europa, pues España es el único país que no tiene especialidades oficialmente reconocidas. Esto provoca un claro perjuicio para los dentistas españoles", especifica.

Castro insiste en que, además de las dificultades que puede acarrerar este cambio en la normativa, la CNMC no es la "entidad adecuada" para llevar a cabo una "posible evaluación de proporcionalidad" de los códigos deontológicos por las razones que han expuesto en las aportaciones presentadas al Ministerio.

"Puede suponer un inconveniente a los efectos de acometer una modificación de nuestro Código Español de Ética y Deontología Dental a futuro, a fin de adaptarlo a las realidades de cada momento, con las consecuencias que esto puede tener para la actividad del profesional, el prestigio de la profesión y el interés general", puntualiza.

Alegaciones de Medicina y Enfermería

Este diario ha tenido acceso al escrito de alegaciones que ha presentado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) y al del Consejo General de la Enfermería (CGE). Los médicos enumeran en ocho puntos su denuncia, señalando la carencia de una memoria de análisis de impacto normativo, un plan anual normativo de la administración general del Estado para 2023, además de que prescinde de la consulta pública previa y "carece de un análisis de alternativas y adecuación al principio de proporcionalidad de la ley".

Por su parte, el CGE considera que la aprobación de este proyecto es una "barbaridad". En el documento presentado agrupan en seis las consideraciones respecto al texto presentado por el Gobierno en las que indican que "el proyecto parte de una premisa incorrecta, que revela el profundo desconocimiento no sólo de la naturaleza de los Consejos Generales y los Colegios profesionales, sino de la figura de los códigos deontológicos y de la configuración constitucional de ambos" y señalan "incorrecciones formales" que hacen motivan que el proyecto tenga que ser retirado.