El 30 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y que entró en vigor el pasado 1 de octubre.
El mencionado texto incluye medidas de distinta índole, como la regulación del teletrabajo y la configuración de un marco normativo básico suficiente para que todas las Administraciones Públicas puedan desarrollar su propia normativa reguladora sobre este tema.
Pero, además, el texto incluye otras cuestiones que afectan al personal sanitario de una manera directa, concretamente, la contratación excepcional de médicos aunque no hayan obtenido el MIR y profesionales sanitarios extracomunitarios que no hayan pasado por el preceptivo proceso de homologación de títulos. Asimismo, permite el intercambio de profesionales entre atención primaria y hospitalaria, mediante la dudosa redacción de uno de sus artículos, que parece atribuir funciones exclusivas de los médicos de familia a los enfermeros hospitalarios.
El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, califica estas medidas como “inaceptables” y puntualiza que “resultan poco adecuadas y contrarias al actual sistema de profesiones tituladas y reguladas, que permite acreditar que los profesionales sanitarios cuentan con la debida formación para asistir a los pacientes y todo ello en beneficio de la salud de los mismos. En ningún caso son justificables estas acciones para afrontar la crisis sanitaria, ni tampoco debería utilizarse la pandemia como excusa para debilitar y rebajar los estándares actuales de calidad de acceso y especialización de las profesiones sanitarias”.
Por todo ello, el Consejo General de Dentistas manifiesta su total rechazo a esta norma y solicita al Gobierno su modificación, ya que supone una ofensa al Sistema Nacional de Salud y la deslegitimación del sistema de formación sanitaria especializada existente en España, lo cual supondrá un deterioro de la calidad asistencial, además de poner en grave riesgo la salud de los pacientes.
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