Una
clínica dental en Baracaldo (Vizcaya)
ha cerrado sus puertas de forma unilateral y sin previo aviso a sus pacientes. Hasta octubre de 2018, esta clínica pertenecía a la
franquicia Caredent pero, al parecer, desde entonces está en manos de
Naturdental Plus S.L, cuyo administrador único es E.G.S. “Pedimos a las autoridades competentes que amparen a los pacientes estafados por este tipo de clínicas”, exige
Óscar Castro Reino, presidente del
Consejo General de Dentistas.
Esto ha provocado las
quejas de decenas de pacientes que han visto cómo sus tratamientos se quedaban sin finalizar a pesar de haberlos pagado o financiado. Tal y como informa el
Colegio Oficial de Dentistas de Vizcaya (CODBI), los pacientes tienen derecho a acceder a sus historias clínicas y a que sus tratamientos sean finalizados en las mismas condiciones en que fueron contratados, sobre todo, si se han cobrado previamente o a través de financieras.
De hecho, varios afectados ya se han acercado a la sede colegial para poner una
reclamación y pedir información sobre las actuaciones que deben llevar a cabo. Del mismo modo, los trabajadores de la clínica han acudido al CODBI para poner una queja y exponer su situación para emprender las acciones legales necesarias. Por su parte, el Colegio ya ha informado de lo ocurrido a la
Consejería de Sanidad del País Vasco, que ha corroborado el cierre del centro.
Regulación estatal de la publicidad sanitaria
Óscar Castro insiste en que situaciones como esta seguirán ocurriendo si la Administración no toma las medidas oportunas. “A pesar nuestras advertencias y de todo lo ocurrido con
iDental, con casi medio millón de afectados en toda España, muchas clínicas dentales corporativas con la misma estructura se siguen expandiendo y p
ublicitando en nuestro país sin ningún tipo de control”. Además, añade que son centros que están en manos de empresarios ajenos a la Odontología y que anteponen su
interés económico sobre la salud de los pacientes: “Son
sociedades mercantilistas que, al no estar dirigidas por dentistas, escapan al
control de los Colegios de Dentistas y del propio Consejo”.
Esta situación se evitaría si la Administración aplicase
la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su
control efectivo queda en manos de profesionales colegiados.
También urge una
regulación estatal de la publicidad sanitaria para que la información que se difunda sea veraz y comprensible,
basada en la ética y el conocimiento científico y que no confunda a los ciudadanos con mensajes engañosos.
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