El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, el presidente del Consejo General de Veterinarios, Luis Alberto Calvo, y Ana López Casero, miembro del Comité Directivo del Consejo de Colegios Farmacéuticos, se han
reunido recientemente -en representación de todos los Consejos Generales Sanitarios- con la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, para avanzar en la
regulación de la publicidad de los servicios sanitarios, tal y como se recoge en el
manifiesto suscrito por todos los Consejos Sanitarios a principios de este año.
En el manifiesto se pone de relieve la necesidad de que desde
los organismos públicos competentes se tome conciencia sobre la importancia de regular la publicidad sanitaria, para garantizar que los mensajes y la información que se difundan a los ciudadanos atienda a criterios estrictamente clínicos y sanitarios, siendo rigurosa, veraz, prudente y comprensible, basada en la ética y la evidencia científica, para evitar confundir al ciudadano.
En este sentido,
la Directora General de Salud Pública mostró su apoyo a la actualización de la normativa en materia de publicidad sanitaria y en la necesidad de poner en orden todas las leyes que hay en España en la regulación de este tipo de publicidad.
Como primer paso, desde la Dirección General de Salud Pública se propuso a los Consejos Generales Sanitarios colaboración para
luchar contra las pseudoterapias y las actuaciones de los influencers como comunicadores en materia sanitaria, en base al Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, para que los colegios profesionales, a través de sus colegiados, puedan detectar cualquier tipo de publicidad engañosa con pretendida finalidad sanitaria e informar -a través de un protocolo específico- a Salud Pública, que será el organismo encargado de ejercer la advertencia pertinente e incluso, si es necesario, la potestad sancionadora correspondiente.
Castro, en nombre de todos los Consejos Sanitarios, explicó que, si bien la propuesta de luchar contra las pseudoterapias es muy positiva,
sigue existiendo un gran escollo normativo la ausencia de regulación de los servicios sanitarios, a los cuales no se les puede aplicar el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, ya que solo hace referencia “a productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria”.
"Los profesionales sanitarios realizamos actividades sanitarias, no de 'pretendida finalidad sanitaria', por lo que nuestra actividad no está dentro de dicho RD, y es necesario y urgente que se tramite de forma independiente", aseveró.
Desde
los Consejos Generales Sanitarios entienden que la propuesta de Salud Pública es complementaria a la regulación de la publicidad de los servicios sanitarios solicitada, por lo que mostraron su total colaboración e instaron a este organismo y al Ministerio de Sanidad a continuar avanzando en la creación de un Real Decreto donde se regule de una forma clara y contundente la publicidad sanitaria.
En palabras de Castro,
“es necesaria la aprobación de una normativa estatal clara para dotar a la sociedad de los mecanismos adecuados para protegerse del fraude y del engaño. La práctica de los profesionales sanitarios debe estar orientada a las necesidades de salud y bienestar de la población y no debe regirse por intereses exclusivamente mercantilistas, ni políticos como lamentablemente sucede en algunas ocasiones”.
"Hay que garantizar la seguridad del paciente y la clínica"
Por su parte,
Ana López Casero, miembro del Comité Directivo del Consejo de Colegios Farmacéuticos, insistió en la importancia de contar con
una regulación de la publicidad sanitaria que garantice que los mensajes que se difundan atiendan a criterios estrictamente sanitarios y basados en la evidencia científica para evitar confundir a los pacientes. “La seguridad del paciente en Internet es una prioridad para los farmacéuticos y una necesidad que debemos abordar frente a la proliferación de publicidad engañosa, bulos, desinformación, falsificaciones y venta ilegal de medicamentos a través de canales online”, apostilla, Ana López Casero.
Para el
presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, “es imprescindible seguir trabajando para lograr una regulación
que garantice la seguridad del paciente y la seguridad clínica. Tenemos que acabar con los mensajes y publicidad que intencionadamente generan confusión y engaño, especialmente en las personas más vulnerables. Los principios éticos y deontológicos de la profesión médica se sustentan en el rigor y la evidencia científica, por ello se trabaja en distintas líneas de actuación para proporciona a los ciudadanos la mejor información posible, pero esta labor necesita el refrendo de un marco normativo”.
El presidente de la
Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, subrayó que es urgente controlar este tipo de prácticas fraudulentas, "que en el caso de la veterinaria suelen estar relacionadas, además, con casos de intrusismo que tratamos de perseguir con el mayor celo". A su juicio, disponer de una normativa clara, actual y de alcance nacional en el ámbito de la publicidad sanitaria supondría un avance sustancial,
"en aras de proteger la salud pública como fin principal".
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