La prórroga de los PGE amenaza el despliegue de más psicólogos en Primaria

El bloqueo político provocado por los resultados de las elecciones generales ha acabado con cualquier posibilidad de que el Gobierno apruebe en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. La demora en la investidura ha abocado a España previsiblemente a prorrogar las cuentas para el 2024, lo que condicionará algunas de las grandes partidas llamadas a resolver los problemas más urgentes de la sanidad. Una de las principales reclamaciones pasa por una inyección de fondos estatales que permita instaurar la figura del psicólogo clínico en Atención Primaria y que ahora difícilmente será posible.

El Consejo General de Psicología ha estimado que una aportación de 300 millones de euros procedentes de las arcas centrales facilitaría las contrataciones en el grueso de las comunidades autónomas y permitiría unificar la cartera de servicios en todo el país. Esta apuesta por financiar de manera directa los recursos humanos ya venía en los programas políticos de formaciones como Sumar. Sin embargo, la dificultad para consolidar una mayoría suficiente en el Congreso lastrará su despliegue.

“Esta inversión daría alas a las comunidades autónomas para poder generar la sustancia de la contratación de personal que pueda vertebrar un modelo de atención psicológica en Primaria con todo lo que conlleva en principios esenciales de prevención primaria, secundaria y terciaria”, ha explicado a Redacción Médica el vicepresidente de la organización colegial, José Antonio Luengo.

Aunque la competencia en materia de recursos humanos radica en las autonomías, el número dos de los psicólogos ha apuntado a la importancia de que esta inversión provenga directamente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para cambiar el modelo en España. “Es evidente que la Administración Central tiene un papel no solo de garante de uniformidad, sino también de impulsor de medidas y proyectos que permitan una mejora significativa en salud mental”, ha apostillado

"La salud mental no se juega exclusicamente en los centros sanitarios especializados"

Luengo ha apuntado a que el refuerzo presupuestario debería venir también acompañado de otras medidas para redefinir los "conceptos, patrones, objetivos o la cartera de servicios" vinculada a la psicología, con el objetivo de establecer una gestión diferenciada entre el área especializada y la Atención Primaria. “No debemos hacer lo mismo porque si no estamos duplicando el modelo”, ha agregado.

En ese sentido, confía en que una aportación de 300 millones allane el camino para mejorar aspectos como la prevención de los trastornos mentales antes de que lleguen a desarrollarse, lo que ayudaría a su vez a reducir las listas de espera, mejorar los tiempos de atención en salud mental o ajustar mejor las poblaciones atendidas.

El objetivo a largo plazo pasa por alcanzar una ratio de 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes como marca la media de países de la Unión Europea. Algo que requeriría un fuerte esfuerzo presupuestario también de las comunidades, ya que actualmente apenas se llega a los 6 en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El refuerzo de plazas del PIR

Más allá de la Atención Primaria, otra de las grandes reivindicaciones del colectivo que puede verse condicionada por la prórroga presupuestaria es el aumento de plazas del PIR. El Consejo General ya mostró su fuerte descontento con la convocatoria de 2024 para la que se establecieron 247 puestos. Aunque el dato está un 6,7 por ciento por encima del año anterior, la profesión considera que es “insuficiente” para responder a las necesidades de la salud mental.

“Al Estado le pedimos consenso en la Comisión Sectorial para que se incrementen las plazas PIR de una manera mucho más significativa que hasta el momento. Tenemos 17 comunidades autónomas que ven incrementar el número de plazas en un porcentaje muy precario para las nuevas necesidades que hay y las jubilaciones que se están produciendo”, ha subrayado Luengo.

El escenario político también complica el encaje durante el próximo año de un plan estatal para hacer frente al suicidio en España, ya que previsiblemente debería llevar asignada una partida presupuestaria para garantizar su aplicación. Aunque el Consejo General sí que ve posible articular otras medidas con menos carga económica como la creación de la especialidad de Psicología Educativa dentro de la estructura del profesorado y al margen del PIR.

Para conseguirlo, es necesario que primero el Ministerio de Educación publique un Real Decreto con la nueva especialidad y después que las comunidades autónomas se comprometan a convocar plazas en las oposiciones docentes. Actualmente más de la mitad de los trastornos de salud mental se originan antes de los 15 años. “Todo lo que invirtamos en ese sentido para desarrollar acciones y programas es trabajar por la salud mental de la población”, ha concluido Luengo.