Las
Clínicas Odontológicas Solidarias avaladas por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE) han continuado en funcionamiento durante 2020 a pesar de la pandemia,
atendiendo a 3.789 pacientes y realizando un total de 20.876 tratamientos.
Debido a la situación sanitaria provocada por la Covid-19, algunas Clínicas Odontológicas Solidarias como la de Sevilla, Lleida y Madrid –en obras de acondicionamiento debido a un incendio-,
no han podido llevar a cabo su actividad. Las otras 9 clínicas, distribuidas a lo largo de toda la geografía española, han realizado en conjunto 3.772 obturaciones, 644 colocaciones de prótesis completas, 754 endodoncias, 640 implantes y 444 tratamientos periodontales. Además, durante 2020 se organizaron 2.304 charlas con el objetivo de educar a las familias en salud bucodental y transmitirles la importancia de una buena higiene dental y unos hábitos de vida saludables.
"Las clínicas han continuado con su compromiso a pesar de la crisis"
“A pesar de la situación pandémica de nuestro país,
la mayoría de las clínicas solidarias han continuado con su fiel compromiso, realizando tratamientos odontológicos a las personas más vulnerables que no pueden afrontar una correcta salud oral”, explica Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas y de la FDE.
Estas clínicas funcionan gracias a la labor desinteresada que realizan los dentistas voluntarios de los Colegios Oficiales de Dentistas. Para ser atendidos en estas clínicas solidarias, los pacientes deben ser
derivados a través de organismos oficiales (ayuntamientos, municipalidad, asistentes sociales, ONG’s) y reciben todos los tratamientos necesarios de forma gratuita o con un coste simbólico.
Castro recuerda que “desde la Organización Colegial seguimos trabajando por una ampliación de la cartera de servicios bucodentales en el Sistema Nacional de Salud, ampliando, en primer lugar, la cobertura a los colectivos que precisan una atención bucodental con más premura: la población infantil, las personas con discapacidad intelectual y los adultos mayores. Y siempre teniendo en cuenta
la igualdad entre todas las comunidades autónomas”.
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