El
Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en primera lectura, la
primera ley de Servicios Sociales de la democracia, que establecerá unos servicios y prestaciones mínimas para todo el territorio español. Una medida que, según ha explicado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Ione Belarra, pretende ser
“un balón de oxígeno” para los profesionales de este ámbito, como los
psicólogos. “En muchas ocasiones, estos profesionales han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que tenía que haber garantizado la Administración Pública”, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También será un balón de oxígeno para las personas que quieren ser atendidas por los Servicios Sociales, "para que sepan que es su derecho que lo público les atienda cuando las cosas vienen mal dadas".
En una rueda de prensa marcada por las medidas impulsadas desde el Gobierno ante el
protocolo anunciado por Castilla y León, la líder de Unidas Podemos ha incidido en que la nueva normativa
reducirá las cargas burocráticas y
mejorará la eficiencia de recursos públicos. Asimismo, se establecerá un plazo para la
creación de una
regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social en el marco de la Ley de Subvenciones.
Entre las novedades que introduce la norma, la ministra ha destacado que la Ley mandata a la Conferencia Sectorial a diseñar un
catálogo común de prestaciones y servicios en los próximos meses que deberá ser "muy detallado" y que garantizará la misma cobertura independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentre el usuario. "Este catálogo deberá incluir ratios de profesionales, niveles mínimos de la prestación e indicadores de satisfacción de las personas usuarias", ha añadido, subrayando que, además,
se elimina el requisito del empadronamiento para acceder a estos servicios.
Historia Social Única
Por otro lado, esta nueva Ley, que pretende acabar con los "laberintos burocráticos", declara los Servicios Sociales como derechos esenciales y establece la
Historia Social Única, que tiene que recoger toda la información de la persona, asú como la intervención que se ha realizado. Además, se creará un sistema de información común que sea interoperable con los sistemas de información autonómicos. El usuario podrá acceder a la Historia Social Única,
"al igual que en el sistema sanitario", además de a toda la información relativa a su caso.
Belarra confía en que este anteproyecto llegue en segunda vuelta al Consejo de Ministros y que, posteriormente, en su tramitación parlamentaria, cuente con los suficientes apoyos para salir adelante.
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