Lograr la equidad entre los sistemas de salud de las
17 comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de Ceuta y Melilla es un gran reto para el Ministerio de Sanidad. Todo ello adquiere todavía más complejidad cuando se le suman las
mutuas de funcionarios (Isfas, Mugeju y Muface), tal y como puede verse en diferentes sectores como
la Ortopedia que critica que la prestación y los catálogos de material ortoprotésico "no son iguales", a pesar de que la ley así lo dicta.
Esta situación comenzó con el cambio de la
cartera de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud (SNS) impuesto por Sanidad en 2019. A través de
tres órdenes ministeriales se obligó a las comunidades autónomas y mutuas de funcionarios a adaptar sus respectivas normas reguladoras de dicha prestación y sus catálogos de material ortoprotésico.
"Pese a la pretensión armonizadora del Ministerio de Sanidad, el resultado es una prestación ortoprotésica dispar y fragmentada entre todos ellos, con normas propias que configuran sistemas incompatibles en muchos aspectos y prestaciones distintas aun cuando se basen en unos mínimos comunes, lo que plantea la desigualdad de los ciudadanos españoles en razón de los territorios de residencia o de las mutuas a las que se encuentren adscritos", explican desde la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop).
De hecho, las
CCAA han tenido diferentes ritmos en esta aplicación. Por ejemplo, Galicia aunque no ha adaptado su catálogo propio, está aceptando prescripciones con los nuevos códigos y se ha comprometido a cerrar una reunión con la Fedop para acelerar el proceso de publicación. Mientras que en Navarra se ha optado por el sistema de prestaciones más restrictivo, tanto para el usuario como para el establecimiento de Ortopedia (no admisión de mejoras, 372 productos de especial prescripción y las indicaciones de prescripción "más prolijas y restrictivas de todas"); a diferencia de
Aragón que sí admite mejoras y tiene 65 productos de especial prescripción. Por lo tanto, el panorama está más marcado que nunca por el código postal del paciente. No obstante, se acaba de aprobar una
resolución no vinculante en el Parlamento navarro para cambiar la situación actual de la Ortopedia en esta comunidad.
Incumplimiento de revisión de los IMF
A esta retahíla de desigualdades se añaden las
variaciones entre procedimientos de financiación (reintegro de gastos al paciente o pago directo al establecimiento de ortopedia dispensador del producto) y la aplicación del
Importe Máximo de Financiación (IMF), que varía dependiendo de la aceptación o no de la denominada mejora. Es decir, que el paciente pueda adquirir el producto prescrito de
mejor calidad o prestaciones, cuyo precio supera el IMF,
abonando la diferencia o de la exigencia de especial prescripción para determinados productos que pueden ralentizar o restringir su financiación, tal y como explican desde la federación.
"Hay que añadir otro grave problema: el incumplimiento por parte del Ministerio de Sanidad de su obligación -establecida por ley- de revisión anual de los IMF. Estos factores pueden tener
incidencia en el coste de la prestación ortoprotésica, como el proceso de sobrecostes e inflación que padecemos, que ha supuesto un aumento del 49 por ciento de coste en muchos de los productos, sin tener reflejo en sus IMF, lo que pone en
peligro la prestación ortoprotésica", indican desde el sector de la Ortopedia.
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