En la actualidad, las
mutuas de trabajo proporcionan las
prestaciones a un paciente, derivadas de un
accidente laboral. Lo hacen a través de la
subcontratación de especialistas en cada caso. Se incluyen los tratamientos, la rehabilitación, también las ortesis, prótesis y productos ortoprotésicos, si fuera necesario.
Sin embargo, según señala la
Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop) "en lo que al sector ortoprotésico se refiere,
no se está atendiendo ni a las necesidades de los usuarios, ni a la realidad del sector".
Desde 2017 la Ley de Contratos del Sector Público obliga a las mutualidades a convocar concursos, para ofrecer el servicio. Anteriormente el paciente acudía al médico de la mutua y éste le prescribía lo que fuera necesario. El afectado acudía a su ortopedia más cercana y después la entidad aseguradora le reintegraba el gasto. "De esta forma se garantizaba la
libre elección del paciente, algo que ahora ha pasado a un segundo plano", continúan.
Las mutualidades "
interpretan erróneamente que la ortopedia se trata de un suministro de bienes y no de un servicio de atención sanitaria, que es lo que realmente es. No tienen en cuenta que no consiste en proporcionar una prótesis o una silla de ruedas, sino que es imprescindible ofrecer una atención personalizada por parte de un profesional que garantice que el aparato en cuestión
se fabrica individualizadamente y se adapta correctamente al paciente y a su dolencia".
Las mutualidades "interpretan erróneamente que la ortopedia se trata de un suministro de bienes y no de un servicio de atención sanitaria"
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Situaciones "perjudiciales"
Con el procedimiento que siguen ahora las mutuas "se producen situaciones que se podrían evitar al paciente que, recordemos, está convaleciente". Como por ejemplo
desplazamientos "innecesarios a otras provincias como resultado de adjudicar el contrato a una empresa que no tiene atención en toda España".
Por otro lado, "se
perjudica a la libre competencia en igualdad de condiciones y se centraliza en
Madrid". Los pliegos de las licitaciones que se sacan a concurso están confeccionados de forma "que dejan a la pequeña y mediana ortopedia fuera de los aspirantes, y es que se exige por ejemplo una facturación superior a 6 millones de euros al año, un rango en el que pueden competir tan solo grandes multinacionales o conglomerados".
Otro de los perjuicios de los concursos actuales –continúa la Fedop- "es que la empresa adjudicataria deberá
subcontratar los servicios de otras ortopedias ya que probablemente no disponga de centros especializados en toda España y deba buscar a un profesional local si quiere evitar al paciente los desplazamientos comentados anteriormente. Algo que no ocurriría si se tuviese en cuenta a un sector que cuenta con 500 puntos de atención especializados".
Por todo ello, la Fedop pide a las mutualidades "que
revisen sus protocolos y requisitos de contratación en los diferentes territorios nacionales, de forma que se otorgue al paciente la libertad de escoger su ortopedia más cercana o de confianza".
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