El Defensor del Pueblo,
Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad, con todas las comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para conocer si la
oferta de atención psicológica clínica existente en la sanidad pública se adecúa a "las verdaderas necesidades" de la población.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Defensor del Pueblo ha asegurado que las quejas recibidas en la Institución "reflejan una
insuficiente presencia de psicólogos en los centros especializados de Salud Mental". "Esta carencia de profesionales provoca que sea habitual que los tiempos entre consulta y consulta puedan alargarse hasta los tres meses, para tratamientos que requerirían una periodicidad mucho mayor", han indicado en su misiva.
Fernández Marugán afirma que "son habituales" las quejas de personas cuyo tratamiento se ha limitado a la medicación prescrita por su médico de Atención Primaria y que solo han sido derivados a un centro especializado cuando ya se ha agravado su cuadro clínico. Según los datos disponibles, la
ratio de psicólogos por habitante continúa siendo en "muy inferior" a la de la mayoría de países desarrollados "si atendemos a la demanda percibida y a los estudios de diverso tipo llevados a cabo en esta materia".
Aproximarse a la media europea
Así, el Defensor del Pueblo se apoya en el informe de la Ponencia de estudio del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (2010), para remarcar que existe una ratio de 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes. En el documento, se estima las
necesidades de provisión para aproximarnos al menos a la media europea (18/100.000), en unos 7.200 profesionales. Denuncia además que, en los últimos años, las convocatorias anuales de
formación sanitaria especializada han sido de alrededor de 120-130
plazas para psicólogos internos residentes.
La falta de profesionales psicólogos en el sistema público de salud se suma a la también carencia de profesionales
psiquiatras, cuya ratio en España es también "notoriamente inferior" a la media UE. Por ello, el Defensor ha pedido a las distintas Administraciones públicas que envíen cifras actualizadas sobre la atención psicológica que se ofrece en centros públicos y concertados, tanto de Atención Primaria como especializados. En concreto, quiere conocer las ratios actuales de profesionales y un diagnóstico sobre las necesidades de incremento de dotación de psicólogos clínicos para atender las necesidades que demandan los ciudadanos.
Por último, la Institución quiere conocer también si las diferentes administraciones autonómicas tienen previsto incrementar la oferta de asistencia psicológica en general y, concretamente, en el nivel de atención primaria.
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