El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el
coronavirus Covid-19, no se aplicará a los centros, servicios y establecimientos sanitarios -categoría en la que se incluyen las clínicas dentales- puesto que
son considerados como servicios esenciales.
Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, declara que esta decisión del Gobierno “perjudica seriamente a los dentistas”, un colectivo de, aproximadamente, 40.000 profesionales,
“que están siendo abocados a la quiebra”.
“La situación actual de los dentistas es muy crítica. Desde antes de que se decretara el Estado de Alarma, las clínicas dentales estamos sufriendo el desabastecimiento de equipos de protección individual necesarios (EPIs) para atender a los pacientes. De hecho, el Ministerio de Sanidad nos ha pedido que donásemos nuestro material de protección a los hospitales y centros de Salud de nuestras respectivas comunidades autónomas, algo que hemos hecho obedeciendo a nuestro compromiso ético y para apoyar a los profesionales sanitarios que se encuentran en primera línea.
Pero el Gobierno debe ser consciente de que los dentistas no podemos seguir desarrollando nuestra profesión en estas condiciones, pues al trabajar en contacto con la saliva y a una distancia menor de un metro a la boca del paciente, el riesgo de contagio de COVID-19 es muy elevado. Sin EPIs es imposible llevar a cabo los tratamientos odontológicos con la seguridad necesaria para nosotros, para los auxiliares y para los pacientes, por lo que muchos se han visto obligados a cerrar sus clínicas”, explica Castro.
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"El Ministerio de Sanidad nos ha pedido que donásemos nuestro material de protección a los hospitales"
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Por este motivo, el Consejo General de Dentistas insiste una vez más al Gobierno en que decrete el cierre temporal de las clínicas dentales, así como la habilitación de algunas de ellas para que atiendan las urgencias odontológicas, siempre y cuando dispongan del material protector adecuado.
“Si el Gobierno no ordena el cierre de las clínicas dentales, los dentistas quedaremos totalmente desprotegidos, puesto que no podemos acogernos a ninguna de las medidas económicas que se están adoptando. No podemos trabajar porque no tenemos ni material, ni pacientes, pero estamos obligados a seguir pagando los seguros sociales y las nóminas de nuestros trabajadores asalariados sin tener ningún ingreso. Es insostenible”, apunta Castro.
Por último, el presidente del Consejo General de Dentistas señala que “entendemos que no es momento de evaluaciones ni de reproches, pero sí de exigencias de acciones efectivas y urgentes, por ello solicitamos que se tomen las medidas económicas oportunas que
faciliten los ERTE y las exenciones fiscales, permitiendo paliar el descalabro económico de los dentistas”.
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