El Gobierno de coalición ha aprobado in extremis la normativa que facilitará
el derecho al olvido oncológico, aunque uno de los requisitos será haber
superado el cáncer con un margen de cinco años de tiempo. El Consejo de Ministros ha incorporado esta reglamentación dirigida a proteger la contratación de servicios financieros en el seno de un Decreto de medidas establecidas para paliar la
crisis económica derivada de la invasión de Ucrania. Esta fórmula permitirá materializar el compromiso del presidente, Pedro Sánchez, a pesar de que se hayan disuelto Las Cortes Generales con motivo del adelanto de las
elecciones generales al próximo 23 de julio.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos,
Nadia Calviño, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la cumbre del Gobierno que este nuevo derecho servirá para blindar la contratación tanto de productos financieros como de cualquier otra índole, “transcurridos cinco años desde la
superación de la enfermedad sin recaída posterior”. Un nuevo escenario que permitirá a los supervivientes de cáncer acceder con facilidades, por ejemplo, a los
créditos hipotecarios para la compra de una vivienda.
Pedro Sánchez ya anunció a mediados de mayo su compromiso para agilizar “de inmediato” este nuevo derecho, después de reunirse con algunas de las principales entidades y asociaciones vinculadas a la lucha contra el cáncer. Sin embargo, el
apresurado cierre de la legislatura por la convocatoria electoral impidió que la norma se tramitara por la vía ordinaria en el Congreso de los Diputados y abogó a buscar nuevas alternativas.
Desde el Ministerio de Sanidad ya habían calculado que para acometer este cambio sería necesario modificar al menos dos normas vigentes: la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la del
Contrato de Seguro. El objetivo es
colocar el cáncer al nivel de otras afectaciones para la salud como el VIH que sí que tienen sus propias reglamentaciones para evitar la estigmatización de los pacientes.
La iniciativa encaja además con la
hoja de ruta fijada por la Comisión Europea que ya ha invitado a todos los países miembros a legislar el derecho al olvido oncológico y que prepara
un código de conducta que se presentará a mediados del año 2024 para adecuar esta realidad a los avances científicos de los últimos años. Además,
esta estrategia cuenta con el beneplácito de la propia banca española que se ha encomendado al futuro marco comunitario, según ha podido saber
Redacción Médica.
Nuevos permisos para cuidados
El nuevo paquete de medidas también ha permitido aprobar algunas de las iniciativas que el Gobierno había incorporado en la
Ley de Familias, pero que no han podido ser convalidadas por el Congreso de los Diputados debido a la disolución de la Cámara Baja. Entre ellas, figura un
nuevo permiso de cuidados de cinco días de duración en casos de
accidente grave, hospitalización o intervención quirúrgica. La gran novedad es que podrá acceder al derecho cualquier persona conviviende de la vivienda.
También se ha desarrollado un permiso parental de ocho días para l
a atención de menores de hasta ocho años para garantizar la adaptación en los meses de septiembre o que no se queden solos en verano. Así como uno de cuatro días de motivos familiares urgentes, como la indisposición de un hijo o
acompañar a un progenitor a una visita con el médico.
"Estamos contentas por lograr estos avances pero sabemos que no es suficiente.
Todavía hay muchas personas que sienten que no ven crecer a sus hijos, que no pasan tiempo de calidad con su pareja, que solo pueden ver a sus padres unas pocas horas la semana", ha celebrado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales.
El paquete de medidas del Gobierno
El Gobierno ha decidido incorporar el derecho oncológico o los nuevos permisos en un paquete de decenas de medidas que se han sumado al
Decreto anticrisis y que abarcan cuestiones de índoles muy diferentes. Las
bonificaciones del transporte, la eliminación del
IVA para productos básicos, las ayudas para el
gasóleo, las licencias de VTC, los avales para la
compra de vivienda de los jóvenes, la lucha contra el
blanqueo de dinero o las deducciones por la adquisición de
vehículos eléctricos son solo algunas de ellas.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado que esta estrategia cuenta con e
l visto bueno de los óranos jurídicos del Gobierno y que está justificada por las
“circunstancias extraordinarias” de la convocatoria electoral. “En algunos casos, eran necesarias esas medidas para prorrogar las acciones, en otras para evitar sanciones por la no transposición de directivas y, en otros, porque s
on compromisos que están vinculados a esa adenda que hemos presentado ante la Comisión Europea”, ha argumentado.
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