La denegación de financiación pública a fármacos ya aprobados por las agencias reguladoras impide que unas 200.000 personas en once países europeos y Canadá no puedan acceder a tratamientos para su enfermedad. En el caso de España, serían 2.500 los pacientes oncológicos que no podrían recibir terapia.
Se trata de un estudio presentado en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que se celebra en Madrid hasta este martes. Jan McKendrick, directora de PRMA Consulting y autora principal de este trabajo, ha matizado que los datos nacionales son útiles a modo orientativo, ya que las decisiones sobre uso de nuevos medicamentos recaen en las comunidades autónomas. Por tanto, es probable que las restricciones sean mayores en algunas regiones.
Los autores evaluaron las decisiones de las autoridades sanitarias de cada país en cuanto a financiación de medicamentos para seis tipos de tumores (mama, riñón, pulmón, mieloma múltiple, melanoma y próstata) entre 2006 y 2016. El 34 por ciento de las evaluaciones hubo una restricción total o parcial en el acceso a medicamentos en los centros públicos.
Las diferencias entre países en cuanto a número de restricciones no están relacionadas con el producto interior bruto de cada Estado. Por tanto, la decisión no es solamente una cuestión económica.
“En algunos casos, las razonas están claras”, sostiene McKendrick. “Por ejemplo, Reino Unido realiza evaluación de coste-efectividad a través de un órgano estatal independiente, NICE, pero hay muchos países que no hacen públicos sus motivos”.
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