La comunidad científica también ha reaccionado a la
decisión de la Comisión de Precios del Ministerio de Sanidad de no financiar de manera pública los fármacos contra el alzhéimer Kisunla (donanemab) y Leqembi (lecanemab), desarrollados por Eli Lilly y Eisai-Biogen, respectivamente.
La
Sociedad Española de Neurología (SEN) ha expresado este viernes "su profundo pesar por la decisión adoptada el 15 de julio de 2026 por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de no incluir en la financiación pública los
fármacos lecanemab y donanemab para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer inicial, limitando su acceso a la prescripción en el ámbito privado".
Para la sociedad científica que preside Jesús Porta-Etessam, "estos fármacos cuentan con la aprobación para su comercialización en la Unión Europea, tras la evaluación experta de su eficacia y seguridad por parte de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA). Otras múltiples agencias regulatorias abalan este balance positivo, y en este sentido, por ejemplo, en Estados Unidos, estos tratamientos están disponibles desde hace unos 3 años, con datos que avalan la seguridad y satisfacción de su uso en práctica clínica habitual".
El posicionamiento de la SEN prosigue señalando que "como sociedad científica que agrupa a especialistas en Neurología comprometidos con la atención, la investigación y la docencia en neurología, consideramos que
esta resolución tiene importantes implicaciones clínicas, pues se deniega un tratamiento que cuenta con el aval de la EMA a personas que podrían experimentar un retraso en la evolución de la enfermedad, pero también éticas y sociales".
También considera que "restringir el acceso a estos tratamientos a la prescripción privada introduce una barrera económica que vulnera el principio de equidad del
Sistema Nacional de Salud (SNS), creando diferencias inaceptables según la capacidad económica de los pacientes y sus familias y rompe los principios de universalidad y cohesión que inspiran nuestro sistema sanitario y del que estamos tan orgullosos. Además, enfrentará a los profesionales del SNS ante un dilema ético en cuanto a las recomendaciones que deben realizar a los pacientes que pudieran beneficiarse de estas terapias".
La sociedad que agrupa a los neurólogos en España recuerda que "recientemente el
Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN publicó un documento de consenso para el uso apropiado de estos fármacos en la práctica clínica asistencial en España realizado por expertos que incluye recomendaciones para su puesta en práctica. La incorporación ordenada de estos fármacos, supondría la mejora de circuitos diagnósticos y redes asistenciales especializadas que no sólo beneficiarían a los pacientes que reciben estos fármacos, sino a todos los pacientes con sospecha o afectados por algún tipo de deterioro cognitivo, como hemos presenciado los neurólogos en las últimas décadas con la introducción de novedades terapéuticas en ictus, esclerosis múltiple o migraña. Excluir estas terapias del SNS frena ese impulso y retrasa la modernización de la atención pública a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como la formación de nuestros profesionales, que fundamentalmente, se forman en centros públicos y la investigación en el campo".
Finalmente hace un llamamiento al Ministerio de Sanidad: "La SEN solicita encarecidamente a la Dra. Mónica García, Ministra de Sanidad, al Sr. Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad y presidente de la CIPM y a los representantes de las Comunidades Autónomas que reconsideren esta resolución. La
SEN muestra su plena disposición para colaborar con las autoridades sanitarias, las comunidades autónomas y las asociaciones de pacientes para definir circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles. La enfermedad de Alzheimer constituye un reto sanitario y social de primer orden en España, no se trata de un problema de salud exclusivamente individual. Afrontarlo, como sociedad exige decisiones innovadoras alineadas con la evidencia y la equidad".
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