El 29 de octubre se conmemora el
Día Mundial del Ictus, una
enfermedad cerebrovascular que constituye la primera
causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia después de la
enfermedad de Alzheimer. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año, unas 120.000 personas han pasado un ictus en España y se prevé que dicha cifra se incremente un 35 por ciento en 2035 debido, en gran parte, al aumento de la esperanza de vida de la población.
El ictus es, además, la primera causa de mortalidad en la mujer y la tercera en el hombre en nuestro país. Actualmente, en España, cada año, mueren unas 27.000 personas a causa del ictus, una cifra que también se prevé que se incremente un 39 por ciento en 2035.
Pero también, se estima que dos de cada tres personas que sobreviven a un ictus presentan algún tipo de secuela, en muchos casos discapacitante. Según datos del Atlas de Ictus en España 2019, elaborado por el Grupo de Estudio de
Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN junto con Bristol Myers Squibb y Pfizer, el 59 por ciento de los pacientes que han tenido un ictus tienen problemas para realizar sus
actividades cotidianas, más de un 62 por ciento tienen p
roblemas de movilidad, un 64 por ciento sufren
dolor y
malestar y un 36 por ciento percibe su
estado de salud como
malo o
muy malo.
El ictus no solo afecta a personas mayores
“Según datos del Atlas Nacional del Ictus, actualmente más de
650.000 españoles se han visto
afectados por un ictus y de ellas unos
350.000 presentan alguna
limitación en su
capacidad funcional como consecuencia de este. Y si comparamos las
secuelas de esta enfermedad con las de otras enfermedades crónicas, las personas que han padecido un ictus tienen una
peor percepción de su estado de salud, presentan un mayor riesgo de
problemas mentales y se ven más afectados en las distintas dimensiones de la calidad de vida, especialmente en aquellas referentes a la
movilidad, la realización de
actividades cotidianas y en la sensación de
dolor o
malestar”, comenta
María Alonso de Leciñana, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
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"Se necesita optimizar la asignación de recursos para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación"
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Dos de cada tres personas que han padecido un ictus en España tienen
más de 65 años. Y son precisamente este grupo de pacientes los que presentan con mayor frecuencia dificultades para realizar
actividades básicas de la vida diaria después del ictus. El 44 por ciento de las personas mayores de 65 años que han sufrido un ictus tiene
dificultades para
ducharse o
bañarse sin ayuda y el 56 por ciento para realizar
tareas domésticas ligeras. Unos porcentajes que casi duplican a los de otras
enfermedades crónicas,
tumores o
accidentes. Asimismo, el ictus se asocia a mayor disacapacidad en las mujeres.
“No obstante, aunque la edad es un factor de riesgo importante, el ictus no solo afecta a las personas mayores. En las últimas dos décadas han aumentado un 25 por ciento el número de casos entre personas en edades comprendidas entre los 20 y 64 años y un 0,5 por ciento de los casos se dan en personas menores de 20 años”, destaca
María Alonso de Leciñana.
Sin prestación económica
En España, el
coste total medio por paciente que ha sufrido un ictus es de
27.711 euros al año, de los que el 67 por ciento corresponderían a
costes directos no sanitarios, el 31 por ciento a
costes directos sanitarios y el dos por ciento restante a
costes indirectos. El coste total de los nuevos casos de ictus en España supondría cada año 1.989 millones de euros, siendo gran parte de esos gastos asumidos por la familia. Solo el 10 por ciento de los pacientes con
discapacidad por ictus reciben alguna
prestación económica.
“Lo que parece claro es que, a pesar de que en los últimos años ha disminuido la mortalidad y también la incidencia de ictus gracias a la prevención,
detección precoz y
mejora de la
atención neurológica especializada con el desarrollo de las
Unidades de Ictus, el aumento de la
esperanza de vida y las previsiones de
envejecimiento de la población hará que las cifras de afectados vuelvan a aumentar. Ello justifica la necesidad de optimizar la asignación de
recursos para la
prevención, el
tratamiento y la
rehabilitación de los pacientes con ictus, para reducir el impacto de esta enfermedad”, señala María Alonso de Leciñana.
La prevención de los factores de riesgo modificables de esta enfermedad y el tratamiento de los mismos, es la medida más efectiva para la reducción de nuevos casos. Ya que al menos un 80 por ciento de los casos de ictus, o incluso un 90 por ciento,
podrían evitarse eliminando el consumo de
tabaco y
alcohol, llevando una
dieta adecuada, realizando
ejercicio físico, evitando el
sedentarismo y la
obesidad, o con un tratamiento y seguimiento adecuado de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, fibrilación auricular u otras enfermedades vasculares.
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