La creación en enero de una Vicepresidencia de
Transición Ecológica con
Teresa Ribera al frente hacía ver que, con el nuevo Gobierno, el
cambio climático iba a entrar en la agenda política de una forma más intensa. Poco después, su Ministerio anunciaba que iba a crear una ley para abordar este problema. Esta misma semana, en declaraciones a la prensa, la ministra y vicepresidenta 4ª señalaba que el borrador va a incluir la obligación de que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes
tengan sus 'Madrid Central'. A pesar de su interés por participar en esta materia, teniendo en cuenta la repercusión que tiene en el ámbito de la salud, los neumólogos explican que no han sido consultados ni por el Ministerio de Transición Ecológica ni por Sanidad.
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (
Separ) se reunió unos meses atrás para abordar con Sanidad, antes del cambio ministeral, las repercusiones que tiene la contaminación en la
salud respiratoria. En este encuentro participaron los expertos y miembros de la sociedad
Carlos A. Jiménez Ruiz, presidente de la misma; Segismundo Solano, vicesecretario tesorero; e Isabel Urrutia, coordinadora del Área de Enfermedades Respiratorias de Origen Ocupacional y Medioambiental.
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"Desde Separ transmitimos nuestro deseo de colaboración en la reunión con Sanidad"
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"En aquella reunión nos dijeron que estaban con el proyecto de la ley, pero de momento no hemos tenido más noticias. Es curioso, porque desde la Separ transmitimos nuestro deseo de
colaboración. Les transmitimos lo que pensábamos y sabíamos de las emisiones. Nuestra labor simplemente es que ellos sepan lo malo que es la
contaminación en una serie de circunstancias. Son medidas que hay que prepararlas muy bien y no así, de golpe", asegura Urrutia a Redacción Médica. Sin embargo, no saben hasta qué punto sus recomendaciones han sido tenidas en cuenta.
"Nosotros nos pusimos a su disposición para ayudar a lo que ellos considerasen oportuno", asegura por su parte el presidente de la sociedad,
Carlos A. Jiménez Ruiz. "Nos hubiera gustado -añade- que desde el
Ministerio de Sanidad o el de
Transición Ecológica consultaran algunas de estas medias que se van a llevar a cabo, que nos parecen bien, pero consideramos que debemos poder decir lo que pensamos de una
forma oficial". Sobre todo, explican, porque está
directamente vinculada con la salud. Y en sus repercusiones por la contaminación, ellos son los expertos.
Medidas de la Ley
Ahora mismo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética está la recta final de su tramitación administrativa. El Ministerio ha explicado que en ella se recoge la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes (hay unos
150 en España), así como los territorios insulares, establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023.
Además, "cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes”, indica el nuevo borrador de dicha ley, según ha informado la agencia Efe. Una medida que, según Urrutia, debe ser
coherente.
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"Además del número de habitantes, lo más lógico es tener en cuenta las emisiones y el clima"
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"Sabemos con toda seguridad que cuanto más tráfico hay, mayor cantidad de
material particulado (PM10 y PM2,5), óxidos de nitrógeno (NOx) y otros materiales hay. Cuanto más se reduzca, mejor, porque vamos a reducir las emisiones", explica Isabel Urrutia en este sentido.
De lo que no está segura es de dónde se encuentra el límite poblacional de las ciudades para establecer estas zonas de bajas emisiones. Para eso, señala, habría que utilizar los medidores de partículas emitidas en el ambiente. Además de los habitantes, "lo más lógico es tener en cuenta las
emisiones y el
clima". Y otras consideraciones, como las industrias que pueda haber.
Tramitación rápida
El borrador también amplía las entidades que deben evaluar el
riesgo climático al que está sometida su actividad, el impulso de medidas de
movilidad eléctrica compartida, el desarrollo y la disposición del público una plataforma de información sobre
puntos de recarga o más recursos contra el cambio climático, entre otras medidas.
Según explica el Ministerio, el nuevo borrador del anteproyecto de esta Ley es "un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia". "Tras haber sido sometido a
información y
audiencia públicas e incorporar
alegaciones resultantes de este proceso, así como haber sido informado por los demás departamentos ministeriales –entre los que, previsiblemente, se encontraría el de Sanidad –", el paso siguiente ha sido su toma de consideración por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente el lunes 10 de febrero.
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"La ley se va a aprobar más bien en marzo"
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El siguiente paso es que se trate en
Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y por el Consejo de Estado, para, al fin, remitirlo al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria. El nuevo texto consta de
37 artículos –frente a los 28 del texto anterior- distribuidos en nueve títulos –antes ocho-, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria única y 11 disposiciones finales.
La idea de Ribera es que sea lo más rápido posible. Quizá no este mes. "Más bien será en
marzo”, ha vaticinado la ministra ante los medios. Jiménez Ruiz asegura que espera que antes de llegar a su fin se les consulte. "Porque tenemos mucho que decir y mucho que aportar", concluye.
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