El
Consejo Económico y Social (CES) aprueba por unanimidad el dictamen sobre el anteproyecto elaborado por el Gobierno para
reformar la ley antitabaco de 2005 como parte de la
trasposición de la Directiva Europea del tabaco, aunque echa en falta una evaluación de los efectos que conllevó dicha norma en su momento.
Según
detalla en su dictamen, el texto del anteproyecto que aprobó el pasado mes de junio traspone adecuadamente el contenido de la Directiva Europea “con carácter general y salvo algunas observaciones”, pese a
haber incumplido los plazos establecidos para su elaboración. El órgano consultivo también reclama una
evaluación de los efectos de la aplicación de la norma aprobada en 2005 y que, entre otras cosas, prohibió el consumo de tabaco en los centros de trabajo, establecimientos de hostelería, estaciones, puertos y medios de transporte y centros de formación, entre otros. Una evaluación que “ayudaría a contextualizar dichos cambios en los objetivos de la política de Salud”, precisa.
Además, el CES reconoce que desde la aprobación del anterior texto de 2005, han surgido
nuevos dispositivos y formas de consumo de tabaco, como los
cigarrillos electrónicos, cuya inocuidad ha sido puesta en tela de juicio, al tiempo que han proliferado canales de venta y distribución telemáticos. “Esta situación hacía necesaria una actualización de la normativa vigente teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de la
población más joven, dado que los efectos del consumo de tabaco pueden resultar más perjudiciales en las personas que se encuentran en fase de desarrollo”, recoge el dictamen.
Por ello, el CES valora que el anteproyecto profundice en este enfoque especialmente protector de la salud de los menores, extendiéndolo al consumo de nuevos productos del tabaco o de dispositivos que contengan nicotina, y entiende que el
interés superior del menor debe ser valorado y considerado como
primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan.
España opta por la protección de menores más restrictiva
La Directiva Europea da libertad a los Estados miembros para elegir las
medidas de protección de los menores y, aunque el legislador español ha optado por la
más restrictiva, al prohibir con carácter general la venta a distancia o a través de los medios de la sociedad de la información de ese tipo de productos, el CES considera que esta medida puede resultar
ineficaz en el contexto mundial en que se desarrollan las ventas a distancia y las transacciones en internet, al tiempo que puede implicar distorsiones en el mercado que es necesario evitar.
Por ello, el dictamen estima que más allá de los filtros de protección que puedan proporcionar ciertos instrumentos informáticos o de los mecanismos de control de la edad que se puedan desarrollar en el entorno digital, se debe incidir fundamentalmente en la
información y la educación de los menores y el necesario asesoramiento a sus padres y tutores legales en el uso de Internet y sus riesgos para la salud y la seguridad.
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