El
Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han recomendado a los
ciudadanos que
dejen de consumir cigarrillos electrónicos o cigarrillos sin combustión por la existencia de
riesgos para la salud.
En concreto, han sido los miembros de la
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial quienes, en su última reunión, han advertido de que
existen estos riesgos y los que, según el acuerdo al que ha tenido acceso
Europa Press, aconsejan "no consumir ninguno de estos productos con el objetivo de promover la salud de la ciudadanía y prevenir las enfermedades asociadas al consumo de tabaco".
Según la comisión, "los productos de tabaco por calentamiento generan un aerosol que
contiene nicotina en proporción igual o superior a los cigarrillos con combustión, produciendo los efectos fisiológicos y adictivos de la nicotina, equivalentes al tabaco por combustión".
Mientras, en el caso de los cigarrillos electrónicos, "se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de cigarrillos electrónicos, por lo que no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o exposición al vapor", argumentan en su informe.
Mismas restricciones
La directora general de Salud Pública,
Elena Andradas, aclara que los productos de tabaco sin combustión tienen la consideración de
"novedosos" de acuerdo a la nueva normativa de 2017 y que, por lo tanto, se les debe aplicar la
ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. De este modo, tendrán los
mismos requerimientos que el resto de productos del tabaco en cuanto a
restricciones en su venta, promoción, publicidad y patrocinio, y en relación a los espacios en los que está prohibido su consumo.
En esta ley ya están incluidos los denominados dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (cigarrillos electrónicos) en la categoría de productos relacionados con el tabaco.
Asimismo, la Comisión recuerda también que España firmó en el 2003 el convenio marco del
control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud y reconoce que hay un conflicto de intereses entre la industria del tabaco y la salud pública de los ciudadanos. Es por eso que obliga a las partes a la protección de las políticas de salud pública de los intereses comerciales.
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