La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reafirmado el compromiso expresado por el Gobierno de España y la comunidad internacional, de poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública en 2030.
Así lo ha señalado la ministra, quien ha presidido el acto virtual de firma del convenio de colaboración entre la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de acciones en el marco del 'Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH'.
La ministra de Sanidad ha valorado asimismo el convenio como un reflejo de la vocación inequívoca del Ministerio y del Gobierno de España por la protección de la salud, el respeto a los derechos humanos y por el trabajo conjunto y articulado desde diversos sectores implicados en la respuesta frente al VIH y con una amplia participación de la ciudadanía y las personas afectadas.
La materialización de este Pacto, ha recordado Darias, supuso el cumplimiento de un compromiso del Gobierno de España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.
“Sabemos que tenemos por delante un importante camino que recorrer para poner fin al estigma y la discriminación, y conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con el VIH”, ha subrayado Carolina Darias, quien también ha incidido en el impacto que la pandemia provocada por el coronavirus ha tenido entre las poblaciones más vulnerables y en los servicios de atención.
En este sentido, la ministra de Sanidad ha alertado sobre la estrecha relación existente entre las desigualdades y la discriminación. “Las formas de discriminación pueden conducir a una amplia gama de desigualdades y las propias desigualdades también pueden dar lugar a la estigmatización y la discriminación”, ha señalado.
Por su parte, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio ha asegurado que la materialización del 'Pacto Social' ha supuesto un importante avance en la protección de los derechos de las personas con el VIH frente a la discriminación.
Una de las claves del éxito para su implementación, ha abundado, son las alianzas y sinergias que se han establecido con distintos sectores como la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, ONG, sociedades científicas, sindicatos, empleadores, medios de comunicación o universidades, entre otros, que tienen una implicación fundamental en su desarrollo.
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