Política > Ministerio de Sanidad
Un carnet anónimo permitirá al inspector farmacéutico investigar en sanidad
El Gobierno lanza a consulta pública una orden para regular las tarjetas de identidad de estos profesionales
Inspector farmacéutico en laboratorio.
26 ene 2026. 10.00H
SE LEE EN 3 minutos
POR CARLOS VILLAR
El Ministerio de Sanidad blindará las funciones que actualmente realiza su equipo de inspectores farmacéuticos con un nuevo carnet que dará más privacidad a estos profesionales cuando lleven a cabo sus investigaciones. El Gobierno ha lanzado a consulta pública la orden con la que pretende regular este nuevo modelo de tarjeta de identidad con el objetivo de garantizar el “anonimato” de los máximos responsables de velar por la seguridad en el uso de medicamentos.
Si la norma ve finalmente la luz, todos los inspectores farmacéuticos dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno contarán con un número de identificación personal (NIP) para el desarrollo de sus competencias, así como el uso de un certificado electrónico en calidad de empleados públicos. El objetivo es “salvaguardar la privacidad del personal inspector farmacéutico” a la par que evitar “posibles riesgos derivados del uso de datos personales en el ejercicio de las funciones”.
Con su identidad protegida, los inspectores podrán realizar con mayor libertad algunas de las acciones que actualmente ya tienen asignadas como “entrar libremente y sin previa notificación” en cualquiera de los centros o establecimientos que recoge la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
De la misma manera, tendrán más facilidades para proceder con las “pruebas, investigaciones o exámenes” necesarios para el desarrollo de sus funciones. Entre las actividades que también podrán realizar desde el anonimato, figuran la obtención de muestras en los centros, así como la realización de “cuantas actuaciones sean precisas” para cumplir con las funciones de inspección.
No es la primera vez que se decide blindar la identidad de algunos de los profesionales sanitarios que trabajan en primera línea en las investigaciones. En el año 2022, el Ministerio de Sanidad, encabezado en aquel momento por la socialista Carolina Darias, ya aplicó la misma medida para los inspectores sanitarios que operaban en las aduanas. Mientras que algunas comunidades autónomas como Extremadura han hecho lo propio con sus inspectores médicos.
El Gobierno ha decidido ahora llevar a cabo esta reforma tras detectar que a pesar de que el inspector farmacéutico tiene una “especial vinculación con la seguridad pública” y cuenta con potestades “exorbitantes” en el ámbito de la inspección y control, no está expresamente declarada su condición de autoridad pública. “Se hace necesaria la disposición de una tarjeta de identidad con un número de identificación profesional único para la identificación del personal en las actuaciones derivadas del ejercicio de sus funciones”, reza el borrador previo a la nueva ley.
La decisión del Ministerio de Sanidad se produce después de que el Comité de Coordinación de Servicios Farmacéuticos Periféricos ya recomendara a finales del año 2023 la creación de esta tarjeta de identificación personal. Un nuevo sistema para el que también se acordó protocolizar su emisión conjuntamente con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Ministerio de Política Territorial. Ahora el resto de agentes sociales o profesionales dispondrán hasta el 7 de febrero para presentar también sus aportaciones.
Si la norma ve finalmente la luz, todos los inspectores farmacéuticos dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno contarán con un número de identificación personal (NIP) para el desarrollo de sus competencias, así como el uso de un certificado electrónico en calidad de empleados públicos. El objetivo es “salvaguardar la privacidad del personal inspector farmacéutico” a la par que evitar “posibles riesgos derivados del uso de datos personales en el ejercicio de las funciones”.
Con su identidad protegida, los inspectores podrán realizar con mayor libertad algunas de las acciones que actualmente ya tienen asignadas como “entrar libremente y sin previa notificación” en cualquiera de los centros o establecimientos que recoge la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
De la misma manera, tendrán más facilidades para proceder con las “pruebas, investigaciones o exámenes” necesarios para el desarrollo de sus funciones. Entre las actividades que también podrán realizar desde el anonimato, figuran la obtención de muestras en los centros, así como la realización de “cuantas actuaciones sean precisas” para cumplir con las funciones de inspección.
El anonimato de los profesionales sanitarios
No es la primera vez que se decide blindar la identidad de algunos de los profesionales sanitarios que trabajan en primera línea en las investigaciones. En el año 2022, el Ministerio de Sanidad, encabezado en aquel momento por la socialista Carolina Darias, ya aplicó la misma medida para los inspectores sanitarios que operaban en las aduanas. Mientras que algunas comunidades autónomas como Extremadura han hecho lo propio con sus inspectores médicos.
El Gobierno ha decidido ahora llevar a cabo esta reforma tras detectar que a pesar de que el inspector farmacéutico tiene una “especial vinculación con la seguridad pública” y cuenta con potestades “exorbitantes” en el ámbito de la inspección y control, no está expresamente declarada su condición de autoridad pública. “Se hace necesaria la disposición de una tarjeta de identidad con un número de identificación profesional único para la identificación del personal en las actuaciones derivadas del ejercicio de sus funciones”, reza el borrador previo a la nueva ley.
La decisión del Ministerio de Sanidad se produce después de que el Comité de Coordinación de Servicios Farmacéuticos Periféricos ya recomendara a finales del año 2023 la creación de esta tarjeta de identificación personal. Un nuevo sistema para el que también se acordó protocolizar su emisión conjuntamente con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Ministerio de Política Territorial. Ahora el resto de agentes sociales o profesionales dispondrán hasta el 7 de febrero para presentar también sus aportaciones.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.