Sanidad y CCAA fijan los baremos definitivos para las OPE de estabilización

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este viernes en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) el documento sobre el que se regirá el RD 20/21 referente a la estabilización de profesionales sanitarios. Se han fijado dos tipos de criterios para contabilizar la experiencia y los méritos en función del proceso selectivo al que se enfrente el interino.

En concreto, el acuerdo, alcanzado por consenso unánime entre todas las autonomías, contempla dos tipos de baremos en función al tipo de oposición al que se enfrente el interino. Por un lado, si hablamos de un concurso-oposición, la experiencia tendrá un valor del 60 por ciento a la que se le sumará un 40 por ciento más en función de otros méritos que pueda presentar el sanitario.

Tal y como avanzó este diario, en el caso de hablar de un concurso de oposición puro, el interino tendrá un 70 por ciento de puntuación en función de la experiencia demostrable y un 30 por ciento más según los méritos individuales que pueda aportar en la fase selectiva.

Todos estos porcentajes podrían varias mínimamente una vez se trasladen a las correspondientes mesas sectoriales de los servicios sanitarios de cada comunidad pero tal y como explican fuentes a Redacción Médica “los baremos se podrán mover en horquillas mínimas”.

Suspendidas las comisiones de servicio

Otro de los puntos más polémicos en la puesta en marcha de la gran Oferta Pública de Empleo (OPE) con la que pretende estabilizar buena parte de los puestos interinos en el SNS y rebajar la temporalidad por debajo del 8 por ciento de la plantilla era el impedir que los profesionales pudieran optar a varios puestos en diferentes comunidades autónomas.

Bajo esta premisa, todas las comunidades autónomas han acordado vetar veten las comisiones de servicio durante los dos años siguientes al proceso selectivo, garantizando así que los participantes se queden con su plaza y no pidan un traslado de carácter inmediato.

“La decisión de limitar las comisiones de servicio responde al temor por parte de Sanidad de que se produzca un aluvión de solicitudes de participación de los aspirantes en varias comunidades autónomas de forma simultánea, lo que perjudicaría a la agilidad del proceso”, cuentan dichas fuentes. 

La OPE premiará la experiencia por comunidades

A pesar de tratarse de una convocatoria generalizada en toda España, una de las claves es que el procedimiento premiará tanto la experiencia como los conocimientos que cada participante tenga en el sistema sanitario de la comunidad en la que aspira a estabilizar su plaza. Solo se podrá conseguir el 100% de la puntuación si los implicados se presentan en sus respectivos servicios de salud, una condición que había despertado inicialmente ciertas dudas entre las organizaciones sindicales sobre su legalidad.

El acuerdo contempla finalmente una recomendación para dar una “ponderación mayor a los servicios prestados dentro del mismo servicio de salud en el que se presenta”. Mientras que también se apunta a que aspectos como el conocimiento sobre los planes, estrategias o normativa autonómica se tendrán en cuenta en los temarios de cada territorio.

“Esta diferencia, en cuanto que se hace recíproca entre los diferentes servicios de salud, no ha de entenderse como contraria al principio de igualdad entre los profesionales del Sistema Nacional de Salud”, ha aclarado la Comisión de Recursos Humanos en su hoja de ruta para el plan de estabilización.

Lo que al final no se ha acordado es el tiempo que cada implicado ha tenido que permanecer como interino para poder contar con la mayor nota posible. Era uno de los asuntos que quedó pendiente en la anterior fase de negociación, pero que finalmente ha quedado indefinido, lo que abre la puerta a que sea cada región la que decida: “Se podrá establecer un número de años para alcanzar la puntuación máxima fijada en cada uno de los apartados”.

Grupos de trabajo para coordinar la OPE

El objetivo inicial de la estrategia de estabilización pasa por establecer una fecha única para evitar duplicidades, tal y como ya avanzó este periódico. Sin embargo, la Comisión de Recursos Humanos ha reconocido que algunas regiones ya han anunciado su “imposibilidad”  para afrontar un proceso coordinado en el espacio de tiempo que marca la ley.

Para las que sí que tienen su voluntad de unificar fechas, el acuerdo contempla la creación de grupos de trabajo en los que tengan representación los diferentes portavoces autonómicos. Así se podrán abordar asuntos como las tomas de posesión en una única comunidad, las indemnizaciones para los implicados, etc.

Sin rango legal

Otro de los acuerdos fijados en la Comisión de Recursos Humanos es que este documento pactado no tenga “fuerza jurídica”. El objetivo es paliar lo máximo posible todas las impugnaciones que se puedan derivar a raíz de este proceso.

Por ello, cuentan desde el seno de esta comisión, “hemos sido flexibles a la hora de fijar los criterios para que, en el caso de que haya impugnaciones, se puedan analizar los casos de forma individualizada. Este acuerdo al no tener rango legal reforzamos su capacidad jurídica”.

La importancia de que este RD salga adelante bajo un correcto paragua legal es máxima. Y es que esta normativa afecta, según los datos recopilados por este diario, a más de 64.000 profesionales sanitarios, las cuales se beneficiarían de esta nueva ley, ya sea mediante la realización de un concurso de méritos o un concurso-oposición.

Esta convocatoria viene a dar respuesta a la necesidad de rebajar las tasas de temporalidad que sufre el sistema sanitario español. En concreto, el objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad, tras la llamada de atención de la Unión Europea, plantea reducir hasta el 8 por ciento la temporalidad de los profesionales sanitarios, la cual se sitúa actualmente en torno al 50 por ciento.

Tal y como expone el Real Decreto en su artículo dos, siguiendo las disposiciones adicionales sexta y octava, hay dos modelos de convocatorias. Así, la normativa regula por un lado la convocatoria de las plazas que hayan estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

A la convocatoria de estas plazas, llevadas a cabo por parte de las comunidades autónomas a través de concurso-oposición, se podría presentar cualquier persona. De esta forma la plaza fija podría acabar ocupada por otra persona distinta al interino o interina que la haya estado cubriendo los últimos años.