Sanidad reactiva la universalidad del SNS con la ley varada en el Congreso

El Ministerio de Sanidad confía en poder elevar este martes al Consejo de Ministros el Real Decreto impulsado el pasado verano para reforzar el acceso universal a la sanidad pública. Con el proyecto, que ya superó las fases de consulta y de audiencia pública, se busca eliminar barreras burocráticas que limitan el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) a personas migrantes. De recibir el visto bueno de Moncloa, la norma vendría a agilizar uno de los objetivos principales de la Ley de Universalidad del SNS, cuyo proyecto pasó a manos del Congreso hace casi dos años. Fuentes de Sumar, que capitanea la negociación de enmiendas en la Comisión de Sanidad, reconocen que la tramitación está “totalmente parada”, aunque apuntan que los movimientos paralelos del Gobierno supondrán un alivio: “El Real Decreto va a salvar temas administrativos”.

En 2018, el Gobierno del PSOE aprobó un Real Decreto-ley para recuperar el acceso universal al SNS tras las restricciones impuestas por el anterior Ejecutivo del PP en 2012. Pero, según Sanidad, los criterios de aplicación son distintos entre las comunidades autónomas, lo cual ha mantenido durante estos años “barreras administrativas” que dificultan “el acceso efectivo” a la asistencia sanitaria, “especialmente para el colectivo de personas extranjeras”. Con el Real Decreto que aprobará el Consejo de Ministros, se contará con “un marco normativo claro, homogéneo y garantista que permita materializar plenamente el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad”.

La recuperación del acceso universal al SNS es uno de los grandes objetivos de legislatura del Ministerio de Sanidad comandado por Mónica García. De hecho, el de Universalidad fue el primer proyecto de ley que la ministra elevó al Consejo de Ministros desde su llegada al departamento. Fue en mayo de 2024. Sin embargo, cerca de dos años más tarde, la fase para que los grupos parlamentarios registren enmiendas a la totalidad al texto sigue acumulando una prórroga tras otra. De momento, van más de 60.

La negociación se enfría en la Comisión de Sanidad

Sanidad inició el proceso para aprobar el Real Decreto de refuerzo a la universalidad del SNS en julio de 2025, y desde Sumar ya reconocieron entonces a Redacción Médica que esa iniciativa era parte de la estrategia para reactivar la tramitación del proyecto de ley. Los primeros contactos entre los grupos parlamentarios no habían sido muy productivos. Aunque en el PSOE insistían en su defensa de la “sanidad pública, universal y de calidad”, no se atrevían a avanzar un futurible acuerdo de enmiendas con su socio de Gobierno.

Desde el PP se limitaban a aventurar que las negociaciones en la Comisión de Sanidad no serían fáciles, si bien reconocían cierta “preocupación” por el margen de ampliación de la cobertura sanitaria que planteaba el Ejecutivo. En Vox, cuyo rechazo a la ley se daba por hecho, fueron tajantes desde el principio: “La sanidad universal no puede ser para todos por un mero tema económico”. Pese al panorama, desde Sumar, al igual que desde Sanidad, se insistía en que la Ley de Universalidad continuaba siendo una “prioridad” de legislatura, y el mensaje no ha variado desde entonces. Ni siquiera la amenaza de un veto a la totalidad de Junts tras su ruptura con el Gobierno en noviembre pareció alterar el objetivo.

La cuestión es que los meses han transcurrido sin novedades al respecto, más allá de las comparecencias de expertos ad hoc que acogió la Comisión a propuesta de Sumar. “La situación de negociación en Congreso está muy bloqueada, aunque eso no quiere decir que la ley tenga menos prioridad”, indican fuentes del Grupo Plurinacional, que reconocen el sorpasso de otros proyectos que llegaron a la Cámara Baja mucho después, como la Ley de Alcohol y Menores, cuya tramitación parlamentaria comenzó en abril de 2025, y la proposición de ley del PSOE para unificar los programas de cribado neonatal, cuya toma en consideración fue aprobada por la Cámara Baja en noviembre.

Las novedades del nuevo Real Decreto de universalidad

Según Sanidad, los avances con el Real Decreto de universalidad en el seno del Gobierno no guardan relación con el estancamiento de la ley en la Cámara Baja. Fuentes el ministerio recuerdan que, con el decreto, se busca homogeneizar los criterios de reconocimiento del derecho a la atención sanitaria en todo el territorio nacional, algo que había que regular sí o sí, independientemente de cualquier otro proyecto legislativo.

Sanidad ya explicó en julio que, aunque el Real Decreto-ley de 2018 habilita al ministerio “a aprobar las disposiciones necesarias” para reconocer el derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos, hasta ahora no se había aprobado ese desarrollo reglamentario, lo cual “ha generado disparidades en su aplicación entre comunidades autónomas y ha mantenido barreras administrativas que dificultan el acceso efectivo, especialmente para el colectivo de personas extranjeras”. Eso es lo que se quiere solucionar con el nuevo Real Decreto.

Para acreditar su derecho a la atención sanitaria, los migrantes sin residencia autorizada en España tendrán que presentar su pasaporte o un documento oficial de identidad de su país de origen, pero, si no tuvieran ni uno ni otro, bastará con que acredite su identidad aportando otro documento emitido por la Administración General del Estado (AGE) o la Administración de su país. En el caso de menores de edad, podrán presentar su certificado de nacimiento o el libro de familia emitido por el organismo competente de su Estado de origen o de la AGE.