Sanidad "presume" de un SNS universal que amplía servicios y evita copagos

La nueva Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha conseguido luz verde en el Consejo de Ministros celebrado este martes. Así lo ha anunciado la Ministra de Sanidad, Mónica García, que ha calificado este paso del gobierno como “un hito” en aras de garantizar el acceso universal a la salud, que dará lugar a sociedades “más justas, más cohesionadas y más eficientes”. Según ha detallado la ministra, esta ley llegará acompañada de una modificación y una ampliación de la cartera de servicios que, a su vez, evitará nuevos copagos.

En concreto, entre las inclusiones de la cartera de servicios de salud pública, García ha destacado que se ha añadido una “nueva formulación” para que las personas que tengan “déficit funcional recuperable” puedan acceder a los servicios de rehabilitación, una cuestión que se evitaba con el modelo que había anteriormente. Además, para no tener nuevos copagos, esta ley “reunirá” el resto de carteras existentes en materia sanitaria.

Para García, se trata de una regulación que busca “materializar” el aprendizaje que tanto las instituciones como los ciudadanos han adquirido durante la pandemia: “Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo”. Además, la ha presentado como una manera de luchar contra los discursos xenófobos y “excluyentes y deshumanizantes”. “Nosotros hacemos gala de todo lo contrario, el Gobierno de España presume de la universalidad”, añade García.

Tal y como ha detallado la ministra, se trata de una normativa que “recupera el derecho a la asistencia médica en igualdad de condiciones” tanto para las personas residentes en el país (con independencia de su situación administrativa) como para los españoles que viven en el extranjero, “que no tenían derecho a la prestación sanitaria cuando volvían”, según ha comentado García.

Prestación sanitaria para todos los residentes en España

El proceso para acceder al Sistema Nacional de Salud, si no se dispone de la nacionalidad, se realizará mediante una “declaración responsable”, que se habilitará para todos aquellos residentes que necesiten prestación sanitaria. “No se le segará a ninguna persona la asistencia”, ha sentenciado la Ministra.

Hasta ahora, las personas que vivían en el territorio solo tenían derecho a la atención sanitaria mediante las Urgencias, según a comentado García. “Esto hacía que llegásemos tarde a muchas patologías”, ha razonado. “Se trata de una medida que es eficiente tanto desde el punto de vista de la salud, como desde el punto de vista económico, ya que esta ley cierra una brecha que se abrió en el año 2012 y pone a nuestro país en la vanguardia de la salud y en la defensa de los derechos humanos”, ha apostillado García.

La Estrategia de Salud Mental, a las comunidades

Además de estas cuestiones, García también ha puesto el foco en la Estrategia de Salud Mental y ha anunciado el traspaso de un fondo de 38,5 millones de euros que irá destinado a las Comunidades Autónomas.

Según ha detallado la ministra, esta inversión es una manera de “reforzar el compromiso” que el Gobierno tiene con la salud mental y que a su vez reforzará el Plan de Salud Mental 2022-2024 para que las autonomías puedan poner en marcha “medidas e iniciativas” que se centren en la mejora de la salud mental de la población.

Gafas y lentillas en la cartera pública de salud

La incorporación de la salud visual a la cartera de servicios comunes del SNS también ha estado presente en la rueda de prensa de este martes. Este compromiso, adquirido por PSOE y Sumar, se centra en el impulso de un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas. En principio, esta medida llegará a aquellos menores de 18 años, así como a las familias con menos recursos.

Actualmente, el Ministerio de Sanidad está comenzando a reunirse con ópticos y con optometristas con el fin de lograr “una inclusión progresiva”, tal y como ha detallado García. “Queremos que las gafas y las lentillas lleguen a aquellos que más las necesitan y que menos acceso tienen a ellas”, ha comentado la ministra.

Por ello, su intención es “hacer un análisis” para estudiar “por donde empezar” y comprobar cuáles son las poblaciones que más demandan este servicio. “Se trata de una prestación que será fundamental para familias para las que la compra de gafas o lentillas suponen un gasto que desbarajusta su economía”, ha explicado García.

Por ello, ha corroborado que comenzarán acercando este derecho “a los más vulnerables” así como a las “poblaciones infantiles”, ya que, según ha manifestado, son quienes tienen un mayor gasto en este sentido.