Sanidad pone el foco en mejorar acceso, método y derivaciones en el aborto

El Ministerio de Sanidad quiere avanzar en el derecho al aborto. Así lo ha dejado claro la ministra Mónica García durante una jornada dedicada al Día Internacional de la Mujer. Tal y como ha avanzado en este 8M, el organismo está trabajando en un protocolo que llevará al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para mejorar tres aspectos relativos a la interrupción del aborto dentro del sistema público: el acceso, el método y las derivaciones.

Su intención es que este protocolo, todavía en fase inicial tal y como adelantó Redacción Médica; recoja “todos los aspectos importantes” relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello, ha puesto en relieve la importancia del trabajo conjunto y de la coordinación con las comunidades autónomas para que sean las mujeres quienes elijan “dónde quieren hacer la intervención”. 

En este sentido, ha señalado la necesidad de mejorar los criterios de acceso y de proximidad de los centros, especialmente los pertenecientes al sistema público, para que haya un tratamiento "equitativo" en todas las regiones. “Vamos a trabajar también por blindarlo en nuestra Constitución”, ha dicho la ministra, que ha denunciado que "los sistemas públicos no se están haciendo cargo de este derecho".

Garantizar los abortos en centros públicos

Este último matiz cobra especial relevancia tras la última reforma de la ley del aborto, que vio luz verde en el Congreso de los Diputados hace un año. Lo hizo de la mano de Irene Montero, ministra de Igualdad en ese momento, que presumía la intención de hacer efectivo que en todos los hospitales públicos del país haya personal suficiente para practicar abortos, respetando el derecho a la objeción a la conciencia. Sin embargo, dicha reforma no llegó a contemplar la obligatoriedad de esa medida que la ministra Montero publicitó en numerosas ocasiones, dejando la puerta abierta a derivaciones. 

“Hemos visto casos terribles en los que no se han podido producir abortos terapéuticos en el centro de referencia, casos incluso de médicas trabajando en su propio hospital y que han tenido que derivar su aborto terapéutico a un centro privado”, ha denunciado la ministra. Por ello, durante las jornadas de este viernes, García ha declarado que se debe “blindar” tanto en la Carta Magna, como “en todas las leyes posibles” este derecho, “y luego pelear por ejercerlo”, ha añadido.

Métodos abortivos con criterios clínicos “muy definidos”

Junto a estas cuestiones, la ministra ha señalado la necesidad de establecer criterios clínicos “muy definidos” en cuanto a los métodos abortivos. “Estamos viendo que hay mucho sesgo entre el método abortivo farmacológico y el quirúrgico en función de la variabilidad de la práctica clínica, que muchas veces incluye la práctica en la privada o la pública”.

“Todo esto debe formar parte de los protocolos que queremos impulsar desde el Ministerio y que llevaremos al Consejo Interterritorial”, ha sentenciado la ministra, que ha querido apuntalar que “el derecho a la salud sexual y reproductiva ni es de segunda ni es un negocio privado”. “Es un derecho universal de todas las mujeres”.