Sanidad limita los fondos para crear nuevas plazas públicas de Medicina
El ministerio mantiene una partida de 17 millones para mantener la financiación de plazas ya creadas
Exteriores del Ministerio de Sanidad.
13 jul 2026. 18.50H
El Ministerio de Sanidad suprimirá en el curso 2026-2027 la financiación estatal destinada a crear nuevas plazas de primer año en las facultades públicas de Medicina y se centrará en financiar el mantenimiento de las plazas ya creadas. Así el departamento concentrará un presupuesto de 17 millones de euros exclusivamente en retener a los 1.135 estudiantes universitarios que accedieron al sistema mediante planes expansivos anteriores, lo que supone un recorte de casi diez millones respecto a la campaña anterior. Hace un año, el ministerio destinó el pasado curso una partida de 26 millones de euros para crear y mantener plazas de Medicina.
Sanidad argumenta que este giro persigue afianzar económicamente a las promociones en curso mientras se palia el déficit de especialistas en ramas como la Medicina Familiar y Comunitaria. Esta decisión rebaja drásticamente el volumen de beneficiarios, ya que el Estado protegerá a 1.135 alumnos frente al tope de 1.767 inscritos que amparaba la convocatoria previa.
La reestructuración del capital redibuja el mapa de las subvenciones y asume por primera vez el coste formativo del cuarto nivel académico. El diseño elaborado por el ministerio fragmenta los fondos para sostener 683 plazas de segundo año con una inyección de 10,2 millones de euros. La norma aclara además que reservará 4,5 millones para cubrir 305 puestos de tercero y destinará 2,2 millones a proteger los 147 expedientes que alcanzan ahora el cuarto año de carrera. El departamento recuerda que esta ayuda posee un carácter finalista, por lo que exige a las instituciones universitarias justificar el gasto mediante facturas docentes y aplicar prorrateos cuando el profesorado imparta clases en otros grados.
Hace un año, Sanidad destinó más de la mitad de los 26 millones de euros aprobados, concretamente 13,8 millones, a subvencionar el ingreso de 922 nuevos alumnos en el primer año de facultad. La cuantía restante se fragmentó para retener a los universitarios que ya estaban dentro del sistema, con una inyección de 9,6 millones para asegurar 642 puestos de segundo curso y otros 3,2 millones orientados a blindar 219 expedientes en tercero.
Las directrices de la norma imponen mecanismos de control estrictos para evitar distorsiones contables en las facultades. El borrador sentencia que el abono del dinero exige una trazabilidad nominal completa, lo que obliga a los decanatos a certificar de forma individualizada qué universitarios mantienen sus matrículas activas el 31 de diciembre de 2026. El Ejecutivo protege también la movilidad estudiantil y matiza que los traslados entre centros seguirán computando para recibir la ayuda, aunque establece como requisito ineludible que el alumno provenga de un cupo originalmente subsidiado en su región de origen. Por último, el ministerio mantiene bloqueado el registro de capacidad docente en los niveles de marzo de 2023 para impedir que las universidades rebajen sus topes oficiales e intenten captar más fondos sin matricular a más personas.
El marco legal fracciona el pago en dos tramos supeditados a la demostración documental de la ocupación de los pupitres. El ministerio descarta temporalmente dar así nuevos impulsos económicos para los alumnos recién llegados y fía el refuerzo de la sanidad pública a la graduación efectiva de estas cohortes blindadas.
El nuevo real decreto que prepara el Ministerio de Sanidad, y al que ha tenido acceso Redacción Médica, abandona la política de crecimiento acelerado de plazas de Medicina y asienta una etapa de consolidación académica. El texto normativo, que será presentado a la Comisión de Recursos Humanos, detalla que el Gobierno abonará a los rectorados un importe de 15.000 euros por cada matrícula que supere la capacidad original de las instalaciones. Esta partida se separa del objetivo que tiene el ministerio de financiar nuevas plazas para los grados universitarios de Medicina y de Enfermería vía Presupuestos Generales del Estado (PGE). Tal y como avanzó este diario, el objetivo del departamento de García es que en las cuentas del proyecto de PGE de 2027 que prepara el Gobierno se contemplen la financiación de nuevas plazas.
Sanidad argumenta que este giro persigue afianzar económicamente a las promociones en curso mientras se palia el déficit de especialistas en ramas como la Medicina Familiar y Comunitaria. Esta decisión rebaja drásticamente el volumen de beneficiarios, ya que el Estado protegerá a 1.135 alumnos frente al tope de 1.767 inscritos que amparaba la convocatoria previa.
Cuarto curso inédito
La reestructuración del capital redibuja el mapa de las subvenciones y asume por primera vez el coste formativo del cuarto nivel académico. El diseño elaborado por el ministerio fragmenta los fondos para sostener 683 plazas de segundo año con una inyección de 10,2 millones de euros. La norma aclara además que reservará 4,5 millones para cubrir 305 puestos de tercero y destinará 2,2 millones a proteger los 147 expedientes que alcanzan ahora el cuarto año de carrera. El departamento recuerda que esta ayuda posee un carácter finalista, por lo que exige a las instituciones universitarias justificar el gasto mediante facturas docentes y aplicar prorrateos cuando el profesorado imparta clases en otros grados.
Hace un año, Sanidad destinó más de la mitad de los 26 millones de euros aprobados, concretamente 13,8 millones, a subvencionar el ingreso de 922 nuevos alumnos en el primer año de facultad. La cuantía restante se fragmentó para retener a los universitarios que ya estaban dentro del sistema, con una inyección de 9,6 millones para asegurar 642 puestos de segundo curso y otros 3,2 millones orientados a blindar 219 expedientes en tercero.
Trazabilidad del estudiante
Las directrices de la norma imponen mecanismos de control estrictos para evitar distorsiones contables en las facultades. El borrador sentencia que el abono del dinero exige una trazabilidad nominal completa, lo que obliga a los decanatos a certificar de forma individualizada qué universitarios mantienen sus matrículas activas el 31 de diciembre de 2026. El Ejecutivo protege también la movilidad estudiantil y matiza que los traslados entre centros seguirán computando para recibir la ayuda, aunque establece como requisito ineludible que el alumno provenga de un cupo originalmente subsidiado en su región de origen. Por último, el ministerio mantiene bloqueado el registro de capacidad docente en los niveles de marzo de 2023 para impedir que las universidades rebajen sus topes oficiales e intenten captar más fondos sin matricular a más personas.
El marco legal fracciona el pago en dos tramos supeditados a la demostración documental de la ocupación de los pupitres. El ministerio descarta temporalmente dar así nuevos impulsos económicos para los alumnos recién llegados y fía el refuerzo de la sanidad pública a la graduación efectiva de estas cohortes blindadas.
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