El
Ministerio de Sanidad se ha comprometido a plantear a los sindicatos del sector un
paquete de incentivos que permita garantizar la presencia de médicos o enfermeras en los
entornos rurales que han demostrado mayores dificultades para captar profesionales. El objetivo pasa por blindar esta nueva estrategia a través de la negociación abierta para la
reforma del Estatuto Marco que el Gobierno mantiene con los agentes sociales desde principios de otoño.
El equipo de Carolina Darias ha adelantado esta decisión a través de una respuesta parlamentaria tramitada en el
Congreso de los Diputados, con la que pretende hacer frente a las críticas vertidas por varios grupos de la oposición. “Se pretende incluir las modificaciones necesarias para, entre otros aspectos, garantizar la cobertura de plazas en determinadas
zonas geográficas no suficientemente atendidas, a través de medidas incentivadoras”, han apuntado desde el Ejecutivo.
El Gobierno ha apostado por los incentivos como una solución que permita dar respuesta a las solicitudes presentadas por los principales consejos profesionales de médicos o enfermeros, así como tratar de conseguir que
la sanidad deje de estar entre uno de los problemas que generan preocupación a los españoles cuando se les consulta en las grandes encuestas.
En los últimos meses, instituciones como la
Organización Médica Colegial (OMC) ya se habían decantado por la vía de dar
ventajas tanto económicas como fiscales a sus profesionales para que accedan a las plazas de difícil cobertura en el entorno despoblado. Su propuesta pasa por emular el
modelo insular que ya opera en Canarias. Esta fórmula permite cobrar más a los facultativos que ejercen en las islas con menos población, así como compensar por factores como hacer turno de tarde o prolongar la jornada.
La reforma del Estatuto Marco
El Ministerio de Sanidad ha incluido la vía de los incentivos en la negociación sindical del futuro Estatuto Marco. Después de haber acordado una primera reforma antes de que finalizase el verano, ahora los representantes del Gobierno y de los principales sindicatos se han marcado un calendario con u
n plazo máximo de un año para abordar una
actualización más exhaustiva en la que se discutirá punto por punto todos los capítulos de la normativa.
Actualmente, las conversaciones se encuentran inmersas en una f
ase de grupos de trabajo, en la que los sindicatos mayoritarios han ido formulando sus propuestas particulares. Ya se han abordado cuatro capítulos de la ley, aunque el Ministerio de Sanidad se ha limitado hasta la fecha a recopilar la información, pero t
odavía no ha entrado en un debate abierto sobre las medidas. Aspectos como la planificación del personal, los derechos de los sanitarios, la jubilación anticipada o la movilidad del personal ya han estado presentes en las conversaciones.
Queda por resolver qué encaje jurídico dará el Ministerio de Sanidad a estos incentivos económicos. Entre los apartados del Estatuto Marco que aún no se han valorado, figuran el capítulo 9 en el que se regulan las
retribuciones económicas de los profesionales sanitarios o el capítulo 10, que abarca aspectos como la j
ornada de trabajo, los permisos o las licencias.
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