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Sanidad fija un requisito para liderar el acceso a la jubilación anticipada
En el borrador de Estatuto Marco publicado este jueves, el ministerio propone coordinar los trámites con una condición
Sede del Ministerio de Sanidad.
05 dic 2025. 13.00H
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POR MANU IBÁÑEZ
El Ministerio de Sanidad hizo público este jueves el último borrador de Estatuto Marco remitido a los sindicatos del Ámbito de Negociación, que rechazan la propuesta. El documento apenas contiene novedades respecto a los puntos que ha ido avanzando Redacción Médica en las últimas semanas. No obstante, destaca el paso adelante que ha dado el ministerio para comandar el reconocimiento de la jubilación anticipada con coeficientes reductores al personal estatutario. Sanidad sigue sin arrogarse el inicio del proceso de oficio, tal y como piden los sindicatos del Ámbito, pero sí que plantea auto-obligarse a coordinar los trámites cuando más de un Servicio de Salud haya solicitado el procedimiento para, así, “garantizar una aplicación homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud”.
En la propuesta parcial de Estatuto Marco que Sanidad remitió a primeros de noviembre a los sindicatos, tal y como avanzó entonces este periódico, se introdujo una nueva disposición final para ampliar el Real Decreto que, desde mayo, establece “criterios objetivos” para reconocer si una actividad profesional es penosa, peligrosa o insalubre. Es el primer paso para, posteriormente, solicitar el acceso a la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores. Según la norma, quienes están legitimadas para solicitar el inicio del procedimiento en el caso del ámbito público son, “de forma conjunta, las organizaciones sindicales más representativas y las administraciones públicas” de las que dependan los trabajadores, es decir, las comunidades autónomas.
Lo que planteaba -y sigue planteando- el ministerio a través del Estatuto Marco es añadir al Real Decreto un nuevo artículo para que, en el caso de que se solicite el reconocimiento de la sanidad como actividad penosa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tenga que pedir un informe de morbilidad y mortalidad al propio Ministerio de Sanidad, y no sólo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y al Organismo Autónomo Estatal de Inspección de trabajo, como dicta la norma impulsada por el departamento de Seguridad Social.
Además, en una disposición adicional dedicada de forma expresa a la solicitud de coeficientes reductores de la edad de jubilación, se propone que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en la que están representadas las comunidades autónomas y los sindicatos, redacte varios informes sobre las ocupaciones o actividades “cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre en el ámbito del Sistema Nacional de Salud”. Hasta entonces, sólo se planteaba que el propio ministerio elaborara un estudio técnico en el plazo de un año.
Sin embargo, los sindicatos del Ámbito acogieron con tibieza esta oferta. Las organizaciones entienden que la Administración que solicite el inicio del proceso tiene que ser, principalmente, el Ministerio de Sanidad, y no las comunidades autónomas. Según su criterio, no haría falta elaborar nuevos informes que acrediten niveles de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad en la profesión sanitaria porque ya existen: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Seguridad Social -desde 2018- e investigadores de la Universidad JiaoTong de Shanghai (China) y de la Universidad de Tulane (Estados Unidos) han acreditado en sendos estudios las consecuencias negativas de los turnos nocturnos como los que conlleva la continuidad asistencial sanitaria.
Lo que ha hecho ahora Sanidad es añadir un tercer punto a la disposición adicional sobre coeficientes reductores para incidir en que las organizaciones sindicales “más representativas” y “las administraciones públicas de las que dependa el personal estatutario” podrán “instar la iniciación” del procedimiento para reconocer la jubilación anticipada para actividades penosas, según lo previsto en la Ley General de Seguridad Social.
Aun así, ha abierto la puerta a asumir el mando de la solicitud si se cumple un requisito: “En el caso de que la iniciación del procedimiento se realice por parte de más de un Servicio de Salud, el Ministerio de Sanidad ejercerá la función de coordinación de dicha iniciación para garantizar una aplicación homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud”.
El borrador de Estatuto Marco que ha hecho público Sanidad no contiene ninguna de las propuestas remitidas a CESM y SMA, los sindicatos convocantes de la huelga médica del 9, 10, 11 y 12 de diciembre. En un último intento por acercar posturas y evitar el paro de cuatro días, el departamento que dirige Mónica García hizo una contraoferta a las dos organizaciones con novedades jornada de guardia, retribuciones, reclasificación profesional y movilidad, según pudo saber este medio. También se abría a explorar vías de negociación propias con los representantes del colectivo médico. Sin embargo, CESM y SMA rechazaron la propuesta.
En la propuesta parcial de Estatuto Marco que Sanidad remitió a primeros de noviembre a los sindicatos, tal y como avanzó entonces este periódico, se introdujo una nueva disposición final para ampliar el Real Decreto que, desde mayo, establece “criterios objetivos” para reconocer si una actividad profesional es penosa, peligrosa o insalubre. Es el primer paso para, posteriormente, solicitar el acceso a la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores. Según la norma, quienes están legitimadas para solicitar el inicio del procedimiento en el caso del ámbito público son, “de forma conjunta, las organizaciones sindicales más representativas y las administraciones públicas” de las que dependan los trabajadores, es decir, las comunidades autónomas.
Lo que planteaba -y sigue planteando- el ministerio a través del Estatuto Marco es añadir al Real Decreto un nuevo artículo para que, en el caso de que se solicite el reconocimiento de la sanidad como actividad penosa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tenga que pedir un informe de morbilidad y mortalidad al propio Ministerio de Sanidad, y no sólo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y al Organismo Autónomo Estatal de Inspección de trabajo, como dicta la norma impulsada por el departamento de Seguridad Social.
Además, en una disposición adicional dedicada de forma expresa a la solicitud de coeficientes reductores de la edad de jubilación, se propone que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en la que están representadas las comunidades autónomas y los sindicatos, redacte varios informes sobre las ocupaciones o actividades “cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre en el ámbito del Sistema Nacional de Salud”. Hasta entonces, sólo se planteaba que el propio ministerio elaborara un estudio técnico en el plazo de un año.
Los sindicatos piden más liderazgo a Sanidad
Sin embargo, los sindicatos del Ámbito acogieron con tibieza esta oferta. Las organizaciones entienden que la Administración que solicite el inicio del proceso tiene que ser, principalmente, el Ministerio de Sanidad, y no las comunidades autónomas. Según su criterio, no haría falta elaborar nuevos informes que acrediten niveles de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad en la profesión sanitaria porque ya existen: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Seguridad Social -desde 2018- e investigadores de la Universidad JiaoTong de Shanghai (China) y de la Universidad de Tulane (Estados Unidos) han acreditado en sendos estudios las consecuencias negativas de los turnos nocturnos como los que conlleva la continuidad asistencial sanitaria.
La última propuesta de Sanidad en jubilación
Lo que ha hecho ahora Sanidad es añadir un tercer punto a la disposición adicional sobre coeficientes reductores para incidir en que las organizaciones sindicales “más representativas” y “las administraciones públicas de las que dependa el personal estatutario” podrán “instar la iniciación” del procedimiento para reconocer la jubilación anticipada para actividades penosas, según lo previsto en la Ley General de Seguridad Social.
Aun así, ha abierto la puerta a asumir el mando de la solicitud si se cumple un requisito: “En el caso de que la iniciación del procedimiento se realice por parte de más de un Servicio de Salud, el Ministerio de Sanidad ejercerá la función de coordinación de dicha iniciación para garantizar una aplicación homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud”.
Desencuentro con los sindicatos médicos
El borrador de Estatuto Marco que ha hecho público Sanidad no contiene ninguna de las propuestas remitidas a CESM y SMA, los sindicatos convocantes de la huelga médica del 9, 10, 11 y 12 de diciembre. En un último intento por acercar posturas y evitar el paro de cuatro días, el departamento que dirige Mónica García hizo una contraoferta a las dos organizaciones con novedades jornada de guardia, retribuciones, reclasificación profesional y movilidad, según pudo saber este medio. También se abría a explorar vías de negociación propias con los representantes del colectivo médico. Sin embargo, CESM y SMA rechazaron la propuesta.
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